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* Interpondrán queja en la Contraloría y contemplan la posibilidad de más adelante realizar una denuncia penal contra los funcionarios del GDF que entregaron permisos irregulares.
México, D. F., a 23 de febrero de 2011
Residentes del Conjunto Residencial Tlalpan II anunciaron esta mañana que interpondrán quejas y solicitudes de investigación contra los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal que entregaron permisos ilegales para la construcción de la gasolinera ubicada en Insurgentes Sur 4097, cuyo levantamiento ya fue sentenciado en contrario por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
A nombre de los vecinos, el vocero Javier Méndez Guzmán expresó que “ésta queja y solicitud de investigación será realizada ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. Incluso, creemos que no debería ser necesaria nuestra petición y a éstos funcionarios debería investigárseles una vez detectadas las irregularidades, que ya son públicas”.
Como se recordará, investigaciones de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), dadas a conocer públicamente por varios diarios, afirman que desde la Dirección General de Regulación Ambiental, Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza presuntamente otorgó Manifestaciones de Impacto Ambiental irregulares a por lo menos 12 gaseras, gasolineras y una concretera.
Méndez Guzmán recordó que “éste ex funcionario, con todo sarcasmo, en una reunión que sostuvimos con él para hacerle ver que la Manifestación de Impacto Ambiental de la estación de servicio El Tlalpense , estaba mal, señaló que él ya había emitido la autorización correspondiente, según sus criterios personales y que no era posible revocarla”.
Incluso, agregó Méndez Guzmán, “él mismo, nos recomendó acudir a la PAOT”.
El ciudadano agregó que “desafortunadamente para nosotros, el caso continúa en tribunales porque el empresario mantiene su interés por abrir la gasolinera, a pesar de todas las evidencias en su contra por las irregularidades en los permisos con que se construyó”.
Finalmente, expresó que “es para nosotros frustrante decirles que de simples ciudadanos, prácticamente hemos tenido que convertirnos en activistas sociales, con todos los riesgos que esto implica, con el fin de evitar que el poder del dinero, el dolo, la omisión y los errores bien o mal intencionados en cuyos casos se presume corrupción de funcionarios, sigan dañando los derechos de ciudadanos como nosotros y otros más, que día a día sufrimos de este tipo de vejaciones porque quienes nos deberían servir, privilegian proyectos económicos particulares en contra del interés público”.
Los ciudadanos tlalpenses recordaron que realizan erogaciones no contempladas en su vida cotidiana, como resultado de la mala actuación de funcionarios públicos que deberían proteger el bien social, y que hacen todo lo contrario, "como si fueran enemigos de quienes los elegimos y consecuentemente, con nuestros impuestos, pagamos sus salarios".
Ya que como resultado de esta lucha, el empresario presentó una demanda por daño moral en su contra, la cual pese a estar seguros de que la ganarán "porque lo único que hicimos ha sido proteger nuestra salud, nuestro patrimonio, nuestra seguridad y el entorno y vialidad en Tlalpan", hoy gastan en abogados para defenderse.
Por esto mismo solicitan a las autoridades correspondientes, resolver a favor de las garantías individuales de libertad de expresión. Sobre todo porque "de acuerdo con la sentencia de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el derecho nos asiste y la razón nos corresponde".
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