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CARLOS
MUNGUIA RODRÍGUEZ
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México, d.f. 28 de mayo de 2012..-Es incuestionable el alto precio económico, político
y social que le cuesta a México la corrupción legal, le cuesta muy caro a los
mexicanos porque son engañados y no son atendidos, año con año nuestro país es
calificado por organismos nacionales (Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado) e internacionales (Transparencia Internacional) y aparece totalmente
reprobado con una calificación de 3.6 en una escala de cero a 10.
La corrupción legal en México, se alimenta
principalmente de las lagunas jurídicas que han hecho y motivado de forma
irresponsable el poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque ellos son en
su conjunto los responsables, así mismo también los gobiernos de todos los
partidos políticos, porque son quienes hacen las leyes federales y locales, sus
reglamentos para aplicarlas y las reglas complementarias para “supuestamente”
corregir las lagunas jurídicas, ¿pero
dejando casi siempre cabos sueltos para fomentar permanentemente “círculos
viciosos” que le dan vuelta a la ley? Para lo anterior, pondremos el ejemplo
del Artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
dice:
“Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de
la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario”.
¿Pero en donde esta el problema desde que se creo este
artículo, el cual considero que ha generado intrínsecamente una corrupción
legal y las facilidades para que los gobiernos y los servidores públicos evadan
responsabilidades con la ciudadanía y con la ley?, muy sencillo amable lector,
donde dice; “la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario”.
¿Qué es un breve término; 15, 30 días, un año?, esto es
una laguna jurídica y algo que los señores Diputados y Senadores no han querido
corregir por años por presión principalmente del gobierno federal, no lo han
hecho porque verdaderamente tendrían términos y control ciudadano, además
podrían ser sancionados si no cumplen con sus obligaciones para atender a la
ciudadanía.
Otro aspecto importante es que no se ha unificado en la
practica cotidiana de los gobiernos un criterio administrativo y legal “que sea
de uso general para que la ciudadanía pueda aplicarlo de una forma sencilla”,
es decir, que cuando usted haga una petición a un servidor publico por medio de
un comunicado, éste le conteste por el mismo medio sobre el “supuesto” acuerdo
escrito, porque en la practica, la mayoría de la dependencias publicas no
cumplen con este ordenamiento constitucional.
¿Pero en realidad, que es lo que hacen?, un ejemplo,
casi siempre que usted lleva una petición en un comunicado dirigida al titular
de un organismo publico; 1) le hacen entregarla a la Oficialia de Partes, 2) se
registra el asunto y se archiva con la leyenda; se turno para consideración a
“x” área, o a un servidor publico que no esta facultado para dar solución al
tramite, o simplemente le pondrán ¡no es competencia de esta dependencia y/o
autoridad!
¡O si bien le
va!, se turna a un área operativa, a
criterio de un analista de correspondencia y se pierde en la maraña
burocrática, de tal forma que su tramite y/o petición no es atendida por lo
regular, es decir, por ejemplo, si usted le envía una petición al Presidente de
la Republica, a un Gobernador de un Estado, Jefe de Gobierno, Etcétera, ¿jamás
se enterara de su asunto, y mucho menos le contestara, porque no existe una
sanción jurídica y/o al menos administrativa que lo sancione por no atender a
la ciudadanía, ya sea a él o a sus subordinados inmediatos?, como la ve.
Así como esta amañado un artículo constitucional para
que no sean atendidas intrínsecamente las peticiones de la población, están
muchas leyes, reglamentos, ordenamientos jurídicos, etcétera que norman la
funcionalidad de dependencias publicas, otro ejemplo lo es la incipiente cultura de transparencia y acceso
a la información pública federal, a través del Instituto de Acceso a la Información
Publica Federal, porque sin duda si es una herramienta que sirve para combatir
la corrupción legal, porque la ley que rige esto obliga a las instituciones a
que le den al ciudadano la información publica que usted solicite a las
dependencias gubernamentales, ¿pero que cree usted, si no le quieren dar la
información que solicito, no existe una sanción real para el servidor publico
que la negó?, al parecer el Estado de Morelos es el único en la Republica
Mexicana que si sanciona a quien no cumple, pero el resto ni lo hace incluyendo
al gobierno federal?
El problema y la complejidad que existe “para
combatir la corrupción legal en México”, es muy parecido al de la “inseguridad
y al narcotráfico”, porque uno genera al otro en automático, por ejemplo; ¿como
se podría combatir la delincuencia
organizada, si quienes combaten al crimen no son castigados, en la practica no
hay una ley eficaz que los sancione, y mucho menos que los procese si son
cómplices de la delincuencia. Casi siempre usted conoce que son cesados y dados
de baja, pero para que ingresen “por lo regular” a otra corporación policíaca,
porque no existe un control y no están obligados a proporcionar información
publica en tiempo y forma.
Únicamente y solo gracias a las denuncias de los medios
de comunicación y la prensa nacional, se ha logrado revertir cuestiones que
dañan los derechos sociales, jurídicos, cívicos, de derechos humanos, etcéteras
del pueblo mexicano, no tiene caso ejemplificar, ni dar mas detalles actuales y
pasados de Presidentes de la Republica, Gobernadores, ministros y/ o
autoridades corruptas de los diversos tribunales del país, o de las Cámaras del
Congreso de la Unión, legisladores o funcionarios públicos insertados en el
proceso de corrupción legal, lo que México necesita es honestidad,
transparencia y que exista un control señalado desde la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para
atender los tramites y solicitudes de petición de los ciudadanos, porque
mientras falle esto, seguirá habiendo incubadoras de corruptos y corrupción con
un país cada vez mas empobrecido, con desempleo y sin un gobierno que sepa
generar un bien común.
CARLOS
MUNGUIA RODRÍGUEZ
pluma_dorada1@hotmail.com
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