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* Cecilia
García, urgió a fortalecer y hacer aplicables las leyes que verdaderamente
defienden a quienes habitan el medio rural ya que este sector desconoce sus
derechos constitucionales básicos.
(CODICS).- La defensoría de los derechos humanos de indígenas y campesinos en México
se aplica bajo intereses políticos en cada Administración Federal aseguró
Cecilia García, Directora General de Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad
Rural A.C.
En entrevista la directora de esta organización campesina sostuvo que el
medio rural está olvidado hasta en el tema de Derechos Humanos porque son pocos
los defensores que están realmente
trabajando en el campo pero a la vez hay muchos que lucran políticamente con
las garantías constitucionales de indígenas y campesinos que, por ignorancia,
las desconocen.
Asimismo en México aún no se avanza en el reconocimiento y protección de
los derechos de tenencia de la tierra legítimos, en la mejora en las prácticas
para el registro y transferencia de los derechos de tenencia; en la gestión de
las expropiaciones y restitución de tierras a personas que fueron desalojadas
en algún momento, así como en los derechos de las comunidades indígenas.
De tal suerte que tampoco hay garantía para ejidatarios e indígena en el
proceso de inversión en tierras agrícolas para que éste sea de forma
responsable y transparente.
La Directora General de Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural
A.C. recordó que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Reforma Agraria, el 94
por ciento de la propiedad social en México cuenta con certeza jurídica, es
decir, cerca de 29 mil núcleos agrarios pero en realidad existen 31 mil 700
núcleos agrarios en todo el país y son 100 millones de hectáreas de propiedad
social en donde habitan ejidatarios y comuneros.
En mayo pasado, recordó, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de
la FAO aprobó un conjunto de directrices mundiales para que los gobiernos,
incluido México, salvaguarden los derechos de las personas a la propiedad o
acceso a la tierra, los bosques y la pesca.
Dicho acuerdo del CSA en la que participan más 69 naciones, tiene como objetivo dar a las personas pobres y vulnerables derechos
seguros y equitativos de acceso a la tierra y a otros recursos naturales es una
condición clave en la lucha contra el hambre y la pobreza.
Por lo anterior hizo un llamado a quien sea elegido Presidente de la
República así como a los legisladores electos y secretarios de Estado para el
periodo 2012-2018 a dar valor a las directrices signadas en mayo pasado por
México para otorgar reconocimiento y protección de los derechos de tenencia
legítimos, incluso en los sistemas informales.
Mejorar las prácticas para el registro y transferencia de los derechos
de tenencia; asegurarse de que los sistemas administrativos de tenencia sean
accesibles y asequibles; gestión de las expropiaciones y restitución de tierras
a personas que fueron desalojadas a la fuerza en algún momento en el pasado; derechos
de las comunidades indígenas; garantía de que la inversión en tierras agrícolas
se realiza de forma responsable y transparente, son algunas de la directrices
internacionales a cumplir por parte las autoridades de nuestro país más allá de
cambios de Administración Federal, apuntó.
Asimismo se deberán cuidar los mecanismos para solucionar las disputas
sobre los derechos de tenencia de la tierra; abordar la expansión de las
ciudades a las zonas rurales así como las cuestiones de valoración y
tributación
Cecilia García, al retomar el tema de los defensores dentro del campo
dijo que “encontramos que directamente con campesinos, con quienes sufren de
marginación, pobreza, exclusión y son expulsados de sus lugares de origen por
falta de oportunidades o por conflictos agrarios, no hay organizaciones reales
que hagan un trabajo en la materia pero si hay algunas que actúan con tintes más
políticos que sociales”.
Insistió en que antes de hacer valer el reciente Decreto Presidencial de
Felipe Calderón Hinojosa sobre la Ley para Protección a Periodistas y
Defensores de Derechos Humanos, debe mirarse hacia el medio rural y las
violaciones constantes de los derechos de este sector poblacional.
Quienes viven en el campo están vulnerables y desprotegidos además
llegan a ser víctimas de violaciones a sus derechos y no acceden a la administración de justicia, agregó.
Por lo menos, aseguró que el campo, durante la gestión del Presidente
Felipe Calderón Hinojosa, quedó en el abandono desde el punto de vista de
la poca prioridad que tiene para los
servidores públicos el mejorar los programas sociales y que los recursos
lleguen a la población objetivo y a la falta de capacitación que éstos tienen
para respetar la interculturalidad, identidad, derechos humanos y derechos de
indígenas plasmados en la Constitución.
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