*Luis Gómez Garay, dijo que lo único que generará es concentración de subsidios.
Luis Gómez Garay, Secretario General de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, denunció que para el próximo año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende aplicar medidas de “chantaje y extorsión” contra 3.5 millones de ejidatarios propietarios, de 3 hectáreas en promedio, en el medio rural al solicitarles su incorporación al Registro Federal de Contribuyentes y convertirlos en parte de su base de extracción tributaria.
“Las autoridades hacendarias han escogido a los campesinos mexicanos más pobres, aquellos que tienen menos de 3 hectáreas y constituyen más del 70 por ciento de los productores con menores ingresos en el país, para convertirlos en víctimas del fisco en el marco de una campaña que busca corregir errores de recaudación tributaria a costillas de los que menos tienen”, señaló.
En el marco de los trabajos, en la Cámara de Diputados, para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación a aprobarse a más tardar el 15 de Noviembre, el dirigente de la UGOCP consideró “verdaderamente lamentable que la Secretaria de Hacienda, en el marco de esta discusión a favor del campo, planee ampliar su base recaudatoria a partir de prácticas de coacción en contra de los campesinos más pobres”.
Lo anterior a partir de condicionar la entrega de subsidios a la producción agropecuaria a cambio de la Cedula Fiscal y el visto bueno del Servicio de Administración Tributaria tal y como se plantea en el Anteproyecto de Primera Resolución de Modificaciones a la Miscelánea Fiscal de 2011, o en su defecto reducirlos hasta menos de diez mil pesos de no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
Para el dirigente campesino la medida propuesta por la Secretaria de Hacienda es “regresiva” pues “es contradictorio que, por un lado en la Cámara de Diputados las diferentes fracciones parlamentarias hagan enormes esfuerzos para dotar de recursos al campo y lograr el desarrollo rural, agrícola y ganadero del país al incorporar a los pequeños productores, mientras las autoridades hacendarias piensan en cómo extorsionar a los productores para obligarlos a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y convertirlos en parte de su base de extracción tributaria”.
Argumentó Luis Gómez Garay que “si consideramos que las Unidades de Producción Agrícolas y Ganaderas están por debajo de las 5 hectáreas y que éstas son trabajadas por campesinos, jornaleros agrícolas, hombres y mujeres que están el límite inferior de los niveles de pobreza, es inconcebible que sean a ellos a quienes afecte este intento de sangrar sus exiguos ingresos en lugar de fomentar su desarrollo a través del fortalecimiento a la actividad agropecuaria que por su naturaleza es de pequeña escala y emplea mano de obra familiar ”.
A juicio del dirigente de la UGOCP la aplicación a rajatabla lo único que generará es una concentración de los subsidios en aquellas empresas, de tipo comercial, que no tienen problema en pagar a profesionales para que realicen su contabilidad y por lo tanto cuentan con la opinión favorable del SAT para recibir subsidios.
Explicó que “en un país como el nuestro, donde no existen mecanismos sencillos y agiles para determinar la cantidad que cada ciudadano debe contribuir para impulsar el desarrollo de México, los campesinos más pobres, a aquellos que no tienen recursos para contratar a profesionales de la contabilidad, quedan en una posición de desventaja para obtener los subsidios que, se supone, tienen como objetivo el incorporarlos al desarrollo nacional a través del impulso de sus explotaciones rurales”.
Advirtió el dirigente de la UGOCP que “si de manera irresponsable se les obliga a los campesinos y productores de bajos ingresos a inscribirse en el Padrón de Contribuyentes para que accedan a un subsidio, lo único que se generará es una situación permanente de incumplimiento de las obligaciones fiscales debido a que este sector no disponen de recursos para pagar a los profesionales que les lleven la contabilidad”.
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