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Las iniciativas del presidente en materia energética son un agravio para el Pueblo de México: señaló la Diputada Núñez Monreal
*El Presidente dispone de manera ilegal de los bienes de la Nación.
La Diputada Magdalena Núñez Monreal propuso ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante la celebración del periodo de sesiones extraordinarias para abordar la legislación secundaria en materia energética, una moción suspensiva para detener el trámite correspondiente a dicha legislación ya que según argumenta la Diputada constituye un agravio al pueblo de México porque si bien es cierto que el Presidente de la República tiene la potestad que le otorga la fracción primera del artículo 71 Constitucional de iniciar leyes o decretossu contenido no puede contravenir los fines que persiguen los preceptos de la Constitución.
“Es evidente que las iniciativas que se someten a nuestra consideración no se sujetan al principio de legalidad contenido en el primer párrafo del artículo 16, al que toda autoridad debe sujetarse. El Presidente va más allá, al disponer unilateralmente de los bienes de la Nación sin haber consultado previamente al pueblo de México, como lo prevé la fracción octava del artículo 35 Constitucional por tratarse de un tema de trascendencia nacional.
Además, el principio de legalidad está siendo violentado porque a partir de la reforma al artículo primero de la Constitución General de la República, debe observarse también a la luz del principio pro persona, esto es, sin restringir la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, pues es a partir de dicha reforma quelos tratados internacionales, relativos a los derechos humanos tienen el mismo rango de la Ley Suprema” explicó la Legisladora del Partido del Trabajo.
Así mismo, la Diputada oriunda de Zacatecasrefirió queel derecho del pueblo mexicano a la subsistencia ha sido omitido en las iniciativas presidenciales enviadas a la consideración de la Cámara de Diputados porque al residir en la Nación, y no en el Presidente, la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, el Presidente de la República carece de facultades para poner en riesgo los recursos referidos que son de los mexicanos, pues a pesar de la enorme corrupción que ha existido y prevalece en Petróleos Mexicanos, el dinero que ingresa de las ventas de nuestro petróleo ha permitido el desarrollo del país desde la expropiación petrolera de 1938.
“Recordemos que nuestro orden constitucional señala en su artículo 14 que nadie, subrayó nadie, y en el nadie está inmersa la Nación, puede ser privado de su propiedad, posesión o derecho, si no es mediante juicios seguidos ante tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad.Y yo les pregunto compañeras y compañeros diputados, ¿en qué momento y en cuál tribunal se ha llevado a efecto algún juicio en contra de la Nación mexicana para despojarla de su propiedad?, pues evidentemente que en ninguno, pero las iniciativas en comento si llevan implícito ese riesgo que en otras épocas nos ha causado, inclusive, la invasión del territorio por parte de potencias extranjeras.Como lo expresa claramente el artículo 27 constitucional los derechos sobre el petróleo y los hidrocarburos están tutelados a favor de la Nación y las iniciativas Peña Nieto en materia energética violan flagrantemente el interés legítimo de los mexicanos” detalló la Diputada.
De igual manera,la también Secretaria de la Mesa Directiva solicitó que la Cámara de Diputados cite a Enrique Peña Nieto para explicar el por qué dispone de los bienes de la Nación que no le pertenecen.
Finalmente en su intervención, Magdalena Núñezsostuvo, “lo debe quedar bien claro es que ninguna mayoría, -ni la que se puede conformar en este órgano colegiado-, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. El Partido del Trabajo hace un llamado a los consumidores a unirse en torno a la defensa de sus derechos tutelados por la propia constitución, y promoverá los amparos necesarios para defender el interés legítimo que nos asiste”.
*El Presidente dispone de manera ilegal de los bienes de la Nación.
La Diputada Magdalena Núñez Monreal propuso ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante la celebración del periodo de sesiones extraordinarias para abordar la legislación secundaria en materia energética, una moción suspensiva para detener el trámite correspondiente a dicha legislación ya que según argumenta la Diputada constituye un agravio al pueblo de México porque si bien es cierto que el Presidente de la República tiene la potestad que le otorga la fracción primera del artículo 71 Constitucional de iniciar leyes o decretossu contenido no puede contravenir los fines que persiguen los preceptos de la Constitución.
“Es evidente que las iniciativas que se someten a nuestra consideración no se sujetan al principio de legalidad contenido en el primer párrafo del artículo 16, al que toda autoridad debe sujetarse. El Presidente va más allá, al disponer unilateralmente de los bienes de la Nación sin haber consultado previamente al pueblo de México, como lo prevé la fracción octava del artículo 35 Constitucional por tratarse de un tema de trascendencia nacional.
Además, el principio de legalidad está siendo violentado porque a partir de la reforma al artículo primero de la Constitución General de la República, debe observarse también a la luz del principio pro persona, esto es, sin restringir la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, pues es a partir de dicha reforma quelos tratados internacionales, relativos a los derechos humanos tienen el mismo rango de la Ley Suprema” explicó la Legisladora del Partido del Trabajo.
Así mismo, la Diputada oriunda de Zacatecasrefirió queel derecho del pueblo mexicano a la subsistencia ha sido omitido en las iniciativas presidenciales enviadas a la consideración de la Cámara de Diputados porque al residir en la Nación, y no en el Presidente, la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, el Presidente de la República carece de facultades para poner en riesgo los recursos referidos que son de los mexicanos, pues a pesar de la enorme corrupción que ha existido y prevalece en Petróleos Mexicanos, el dinero que ingresa de las ventas de nuestro petróleo ha permitido el desarrollo del país desde la expropiación petrolera de 1938.
“Recordemos que nuestro orden constitucional señala en su artículo 14 que nadie, subrayó nadie, y en el nadie está inmersa la Nación, puede ser privado de su propiedad, posesión o derecho, si no es mediante juicios seguidos ante tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad.Y yo les pregunto compañeras y compañeros diputados, ¿en qué momento y en cuál tribunal se ha llevado a efecto algún juicio en contra de la Nación mexicana para despojarla de su propiedad?, pues evidentemente que en ninguno, pero las iniciativas en comento si llevan implícito ese riesgo que en otras épocas nos ha causado, inclusive, la invasión del territorio por parte de potencias extranjeras.Como lo expresa claramente el artículo 27 constitucional los derechos sobre el petróleo y los hidrocarburos están tutelados a favor de la Nación y las iniciativas Peña Nieto en materia energética violan flagrantemente el interés legítimo de los mexicanos” detalló la Diputada.
De igual manera,la también Secretaria de la Mesa Directiva solicitó que la Cámara de Diputados cite a Enrique Peña Nieto para explicar el por qué dispone de los bienes de la Nación que no le pertenecen.
Finalmente en su intervención, Magdalena Núñezsostuvo, “lo debe quedar bien claro es que ninguna mayoría, -ni la que se puede conformar en este órgano colegiado-, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. El Partido del Trabajo hace un llamado a los consumidores a unirse en torno a la defensa de sus derechos tutelados por la propia constitución, y promoverá los amparos necesarios para defender el interés legítimo que nos asiste”.
