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Primero. El programa de “cobertura universal de salud” que ha privilegiado el Gobierno Federal como una de sus iniciativas de bandera de aparente beneficio social hace agua, entre otros rubros, en uno de los más importantes, medicamentos de calidad, baratos y suficientes. De poco sirve, suponiendo que se diera por cierta la buena voluntad gubernamental teniendo a los mejores médicos del país al servicio de la gran mayoría de la población, dotados, además, de los más sofisticados aparatos de tecnología de punta. ¿No es irónico que los diagnósticos de enfermedades se queden en eso: diagnósticos, porque los pacientes no tienen los recursos para comprar los medicamentos para curar o controlar sus enfermedades? Como se sabe, las enfermedades las sufren los pacientes y las padecen sus familiares. De entrada, un estudio de la OCDE (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Mexico elaborado por Pierre Moïse and Elizabeth Docteur) sostiene, entre otras cosas que: a) México en los últimos años ha legislado “fuertes medidas de protección” de la propiedad intelectual para proteger a la industria farmacéutica; b) El IMSS y el ISSSTE durante 2005 y años después compraron 11% de medicinas de patente, 42% de genéricos intercambiables y 53% de genéricos no intercambiables. Cabe decir que estos últimos son medicamentos “patito” que no curan porque, “no han pasado por ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, forma farmacéutica, cantidad de fármaco, etc., la forma de preparación o los aditivos que se usen en su elaboración pueden hacer variar su biodisponibilidad, o sea su comportamiento dentro del organismo” (COFEPRIS, preguntas frecuentes). ¿Sabía usted que el 53% de los medicamentos comprados por IMSS e ISSSTE, según la OCDE, eran inútiles para la salud pero nos han costado a todos?, y c) Los precios de las medicinas en México han sido más caros que en Francia y Canadá, donde los salarios mínimos son al menos 12 veces más altos en relación con los de México. Segundo. Si bien es verdad que ahora en México las patentes de medicinas tienen un periodo máximo de 20 años, como sucede en los países de nuestro entorno, también lo es que en el periodo de gobierno de Felipe Calderón se han establecido mecanismos de protección mayores que en América Latina. En efecto, de acuerdo al Reglamento de insumos para la salud, reformado el 5 de agosto de 2008, los aranceles para importación de medicinas en general es del 15%, más el pago de los altos costos de los servicios de agentes aduanales. En Chile, a diferencia de lo que ha sucedido en México de que sólo los laboratorios podrían importar medicinas, se ha mantenido un mercado abierto desde hace 12 años. La Ley número 18.525 de Normas sobre la Importación de Mercancías al país, establece un arancel del 6%. Otro ejemplo, es el de Perú, en donde el Decreto Supremo número 073-2001-EF de abril de 2001 dispone que la importación de medicinas está sujeta a un arancel de 4%. Como se puede observar, México contra el interés público, establece aranceles superiores al 200% en relación a los países de nuestro entorno cercano, de ahí el alto costo de las medicinas que se pueden adquirir en México. Sobra decir que la inmensa mayoría de los mexicanos desconoce que en muchísimas partes son más baratas las medicinas gracias a las gestiones proteccionistas del Gobierno Federal que no tienen comparación con lo que sucede en Centro y Sudamérica. Tercero. En México, a pesar de tener una buena Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparencia, no hay datos desagregados de acceso público de los costos de las medicinas, provenientes de distintos laboratorios, precios de importación, precios a gobierno y precios a particulares, ubicación de centros de mejores precios y disponibilidad de medicamentos. Esto, por el contrario, sí existe en países como Colombia a través de su Ministerio de la Protección Social que pone esa información en la web (http://www2.sispro.gov.co), lo que muestra un mejor compromiso con la sociedad. En México, con la Ley de Transparencia de por medio, conseguir información como la que de oficio está disponible en Colombia sería todo un reto a la paciencia, la sapiencia y la resistencia, con un destino incierto. En el Perú, al igual que en Colombia, el Ministerio de Salud cuenta con un útil observatorio que ofrece precios y opciones de medicinas que dan un instrumento para optimizar el presupuesto ciudadano para comprar más con menos: (http://observatorio.digemid.
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Por Ernesto Villanueva, especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
México. D. F., a 10 de octubre de 2011
Desde hace tiempo me ha llamado la atención el por qué en México los medicamentos para atender las principales enfermedades que ocasionan el mayor número de muertes entre los mexicanos, según el INEGI, (enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus) son sustancialmente más caros que en prácticamente toda América Latina y los que aquí son baratos no necesariamente funcionan como debiesen. No es un asunto menor; antes bien, es un tema que erosiona día con día la salud de las personas que menos tienen y que no debería estar fuera del radar de la opinión pública. Existen datos que me permiten afirmar lo que aquí sostengo. Veamos.
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