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Es incuestionable el alto precio económico, político
y social que le cuesta a México la corrupción legal, le cuesta muy caro a los
mexicanos porque son engañados y no son atendidos, año con año nuestro país es
calificado por organismos nacionales (Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado) e internacionales (Transparencia Internacional) y aparece totalmente
reprobado con una calificación de 3.6 en una escala de cero a 10.
La corrupción legal en México, se alimenta
principalmente de las lagunas jurídicas que han hecho y motivado de forma
irresponsable el poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque ellos son en
su conjunto los responsables, así mismo también los gobiernos de todos los
partidos políticos, porque son quienes hacen las leyes federales y locales, sus
reglamentos para aplicarlas y las reglas complementarias para “supuestamente”
corregir las lagunas jurídicas, ¿pero
dejando casi siempre cabos sueltos para fomentar permanentemente “círculos
viciosos” que le dan vuelta a la ley? Para lo anterior, pondremos el ejemplo
del Artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
dice:
“Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de
la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario”.
¿Pero en donde esta el problema desde que
se creo este artículo, el cual considero que ha generado intrínsecamente una
corrupción legal y las facilidades para que los gobiernos y los servidores
públicos evadan responsabilidades con la ciudadanía y con la ley?, muy sencillo
amable lector, donde dice; “la cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario”.
¿Qué es un breve término; 15, 30 días, un
año?, esto es una laguna jurídica y algo que los señores Diputados y Senadores
no han querido corregir por años por presión principalmente del gobierno
federal, no lo han hecho porque verdaderamente tendrían términos y control
ciudadano, además podrían ser sancionados si no cumplen con sus obligaciones
para atender a la ciudadanía.
Otro aspecto importante es que no se ha
unificado en la practica cotidiana de los gobiernos un criterio administrativo
y legal “que sea de uso general para que la ciudadanía pueda aplicarlo de una
forma sencilla”, es decir, que cuando usted haga una petición a un servidor
publico por medio de un comunicado, éste le conteste por el mismo medio sobre
el “supuesto” acuerdo escrito, porque en la practica, la mayoría de la
dependencias publicas no cumplen con este ordenamiento constitucional.
¿Pero en realidad, que es lo que hacen?, un
ejemplo, casi siempre que usted lleva una petición en un comunicado dirigida al
titular de un organismo publico; 1) le hacen entregarla a la Oficialia de
Partes, 2) se registra el asunto y se archiva con la leyenda; se turno para
consideración a “x” área, o a un servidor publico que no esta facultado para
dar solución al tramite, o simplemente le pondrán ¡no es competencia de esta
dependencia y/o autoridad!
¡O si bien le va!, se turna a un área operativa, a criterio de un
analista de correspondencia y se pierde en la maraña burocrática, de tal forma
que su tramite y/o petición no es atendida por lo regular, es decir, por
ejemplo, si usted le envía una petición al Presidente de la Republica, a un
Gobernador de un Estado, Jefe de Gobierno, Etcétera, ¿jamás se enterara de su
asunto, y mucho menos le contestara, porque no existe una sanción jurídica y/o
al menos administrativa que lo sancione por no atender a la ciudadanía, ya sea
a él o a sus subordinados inmediatos?, como la ve.
Así como esta amañado un artículo
constitucional para que no sean atendidas intrínsecamente las peticiones de la
población, están muchas leyes, reglamentos, ordenamientos jurídicos, etcétera
que norman la funcionalidad de dependencias publicas, otro ejemplo lo es
la incipiente cultura de transparencia y
acceso a la información pública federal, a través del Instituto de Acceso a la
Información Pública Federal (IFAI), porque sin duda si es una herramienta que
sirve para combatir la corrupción legal, porque la ley que rige esto obliga a
las instituciones a que le den al ciudadano la información publica que usted
solicite a las dependencias gubernamentales, ¿pero que cree usted, si no le
quieren dar la información que solicito, no existe una sanción real para el
servidor publico que la negó?, al parecer el Estado de Morelos es el único en
la Republica Mexicana que si sanciona a quien no cumple, pero el resto ni lo
hace incluyendo al gobierno federal?
El problema y la complejidad que existe “para
combatir la corrupción legal en México”, es muy parecido al de la “inseguridad
y al narcotráfico”, porque uno genera al otro en automático, por ejemplo; ¿como
se podría combatir la delincuencia
organizada, si quienes combaten al crimen no son castigados, en la practica no
hay una ley eficaz que los sancione, y mucho menos que los procese si son
cómplices de la delincuencia. Casi siempre usted conoce que son cesados y dados
de baja, pero para que ingresen “por lo regular” a otra corporación policíaca,
porque no existe un control y no están obligados a proporcionar información
publica en tiempo y forma.
Únicamente y solo gracias a las denuncias de los
medios de comunicación y la prensa nacional, se ha logrado revertir cuestiones
que dañan los derechos sociales, jurídicos, cívicos, de derechos humanos,
etcéteras del pueblo mexicano, no tiene caso ejemplificar, ni dar mas detalles
actuales y pasados de Presidentes de la Republica, Gobernadores, ministros y/ o
autoridades corruptas de los diversos tribunales del país, o de las Cámaras del
Congreso de la Unión, legisladores o funcionarios públicos insertados en el
proceso de corrupción legal, lo que México necesita es honestidad, UNA real transparencia
y que exista un control señalado desde la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para atender los
tramites y solicitudes de petición de los ciudadanos, porque mientras falle
esto, seguirá habiendo incubadoras de corruptos y corrupción con un país cada
vez mas empobrecido, con desempleo y sin un gobierno que sepa generar un bien
común.
Por: Carlos Munguía Rodríguez
pluma_dorada50@hotmail.com
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