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14/7/09

El nepotismo puesto a juicio por el poder Judicial

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Por Carlos Aparicio

El consejo de la Judicatura Federal “CJF” busca acabar con la frase “el poder Judicial es una gran familia” dicho esto por el consejero de la Judicatura Federal Cesar Jáuregui. Para ello, pretende darle “dientes” a su código de ética que hasta ahora no es una forma obligatoria a fin de castigar conductas de los jueces que, en si mismas, no son ilegales.

Todo esto a consecuencia de que se ha detectado que en los casos de contratación se usa el llamado sistema cruzado, es decir los familiares de un magistrado son promovidos a puestos entre tribunales y juzgados, por lo que un juez integra su equipo con familiares o recomendados de un colega para de esta forma no violar la ley de responsabilidades al contratarlos de forma directa… El consejero Jáuregui manifiesta que a través de un documento la interpretación a base de criterios nos da la facultad en pleno de establecerlos, lo que consideramos una flagrante violación al código de ética, sentido critico que tiene relación en la aplicación de sanciones por la comisión de disciplina, a continuación detalla casos detectados por contratación cruzada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en los mas de seiscientos tribunales federales en todo el país, señalando así mismo que son muchos sin dar un numero exacto. Encabezan la lista de denunciados por probable trafico de influencia y nepotismo los Jueces Jerónimo José Martínez, Juan Carlos Ríos y Edgar Estuardo Vizcarra, Juez primero, Segundo y Tercero respectivamente del distrito auxiliar de Acapulco, Guerrero.

Otro caso las hermanas Maria de Lourdes Omaña Ramírez quien ocupa la Secretaria Técnica letra A, en la Secretaria Ejecutiva de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal, con ingresos anuales de por lo menos un millón trescientos ochenta y nueve mil pesos, limpios de polvo y paja… Su hermana Maria Dolores Omaña Ramírez, secretaria general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, una de las principales colaboradoras del Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, según fuentes judiciales, Maria Dolores es la operadora de Ortiz Mayagoitia en el manejo de los asuntos cotidianos del Órgano Judicial.

Lourdes Omaña, tras la salida de Jorge Mier, por presuntos actos de corrupción, es la segunda en mando en la Secretaria de Administración, acordando directamente con el Secretario Ejecutivo y realizando el seguimiento a todos los asuntos que le asigna el pleno del consejo. Jorge Mier salio del Consejo de la Judicatura Federal del pasado 16 de abril. Afirmando que renuncio, versiones varias señalan que Ortiz Mayagoitia ordeno su cese, otros afirman que los motivos fueron los fuertes enfrentamientos que tuvo con Omaña.

Cesar Jáuregui, descarta que este sea un caso de nepotismo en el interior del poder judicial de la federación, ya que dice él nunca hubo privilegios ni favoritismo para la contratación de las hermanas Omaña Ramírez. No hubo señalamiento alguno, ni preponderancia, ni privilegio, lo cierto una relación con la secretaria de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, ya que si existe parentesco pero fueron contratadas por su capacidad y no por influyentismo.

La indagatoria realizada en los juzgados de Acapulco arroja las acusaciones formuladas al Juez Jerónimo José Martínez, por recomendar a su hijo José Antonio Martínez Alonzo, con el Juez Tercero de Distrito, Edgar Estuardo Vizcarra Pérez. Martínez Alonzo fue contratado por el Juez Vizcarra como Oficial Administrativo y cobra alrededor de trece mil seiscientos pesos mensuales, también se dice que el Juez Vizcarra contrato a José Luís Rivero Trigo, como Oficial de Servicios y Mantenimiento, Rivero Trigo es sobrino de la esposa del Juez Jerónimo José Martínez, con un sueldo de nueve mil pesos mensuales.

El Juez Edgar Estuardo Viscarra Pérez, recomienda a su esposa, de nombre Laura Arselia Olivares González, como secretaria de acuerdos del Juez Segundo de Distrito Auxiliar, Juan Carlos Ríos, con un salario de cincuenta mil pesos mensuales, y a cobrado en medio año doscientos setenta y cinco mil pesos.


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