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Ernesto Piedras
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En ningún lugar del mundo se pone en duda el beneficio derivado de poner a trabajar el recurso escaso y esencial en la provisión de servicios de telecomunicaciones que representa el espectro radioeléctrico mediante licitaciones. Tampoco en México se cuestiona su conveniencia para el desarrollo del sector de las telecom móviles y la competencia, si bien en la Licitación 21 del año pasado abundaron las voces que con fines nada positivos se opusieron, y se oponen aun hoy día, a su concreción.Entre los efectos positivos que se derivan de esta acción regulatoria está su impacto recaudatorio. Así, a modo de resumen, es posible observar 2 efectos: por una parte el monto pagado en las licitaciones por la asignación del espectro y por el otro, los pagos anuales durante los 20 años que dure la concesión.
Ahora bien, por el lado del consumidor se ha estimado un aumento al bienestar social equivalente a $260 mil millones de pesos a lo largo de los 20 años que dura la concesión. Estos beneficios se hacen tangibles a través de la disminución en los precios (por la vía del fortalecimiento de la competencia efectiva) y del aumento en la calidad, importante aumento en la cobertura ya que los operadores tendrán la posibilidad de ofrecer servicios de tercera generación.
¿Pero, qué fue lo que realmente pasó?
Al hacer un recuento de las bases para las licitaciones podemos recordar que el regulador estableció a los operadores un límite de 80MHz para la suma de las 3 bandas objeto de la licitación: 800 MHz, 1.7 GHz, y 1.9 GHz; además de un límite de 70 MHz para la suma de 800 MHz y 1.9 GHz. Finalmente, y lo que realmente nos interesa en esta nota, fue la división de la banda de 1.7 GHz en dos bloques nacionales de 30 MHz para la licitación 21.
El operador ganador y único postor fue NEXTEL, con base en las condiciones técnicas y económicas anunciadas y aceptadas por todos los participantes desde un inicio.
Si como se menciono anteriormente, entre los beneficiarios de las licitaciones se encuentran el consumidor, el fisco, la industria, la competencia, la productividad y la competitividad en el sector, por mencionar algunos, vale entonces preguntar ¿qué interés particular puede ser tan importante para cancelar estos efectos positivos sobre el bienestar social y desarrollo nacional?
Y es que han sido precisamente algunos operadores que han interpuesto los recursos legales para bloquear este proceso, alegando como si fueran autoridades fiscales una malentendida diferencia en los pagos. Eso entre otros artilugios para frenar el proceso.
Lo que realmente ninguno de los operadores puede ver es que los beneficios directos al consumidor son 11 veces mayores al beneficio obtenido por Nextel producto de la concesión del espectro. Además, al finalizar las licitaciones 20 y 21, las empresas de telecomunicaciones interesadas en adquirir espectro ofrecieron 11.4 veces el monto mínimo fijado por el INDAABIN derivando en mayores beneficios ya que al subastar espectro el gobierno logra incrementar su patrimonio a la vez que pone a trabajar un recurso que de no ser licitado se encuentra ocioso y sin generar beneficios para nadie.
¿Y los efectos de la Licitación 21 en la competencia?
En un mercado que presenta elevada concentración, donde el operador principal concentra casi tres cuartas partes de las líneas móviles y un elevadísimo índice de concentración Herfindahl (HHI) de 0.545 en el segmento, los efectos pro-competencia deben ser más que bienvenidos, urgentes.
Cambios ex-post a los términos establecidos para la Licitación 21 serían desastrosas, por decir lo menos, lastimando la certidumbre jurídica y la gobernanza del sector, afectando los incentivos a invertir en el país además de revertir todos los beneficios antes descritos, castigando al consumidor con beneficios por 260 mil millones de pesos, monto 6 veces mayor que la recaudación fiscal obtenida de las licitaciones.
Ya sabemos que el mayor beneficiario en estas licitaciones es el consumidor, a través del importante aumento en el bienestar social que deriva la mejora en la productividad del sector y el aumento a la competencia.
Por ello es inevitable cuestionarnos los motivos, incentivos e intereses de aquellos agentes políticos y económicos, entre otros, por bloquear la mejora en la operación del sector, y con ello, el fortalecimiento de la competencia efectiva.
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