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* Afirman que los funcionarios de la SCT están poniendo trabas para incumplir cabalmente las leyes Agraria y de Expropiación
Mazatlán, Sin., a 30 de octubre de 2013
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| Ernesto Pérez Virgen afirma que los funcionarios de la SCT están malinterpretendo la buena disposición de los campesinos para negociar. |
Con la probable presencia de los gobernadores de Sinaloa, Durango y Nayarit el próximo 22 de noviembre, se realizará en Mazatlán la siguiente reunión de trabajo entre los integrantes del Movimiento por la Justicia Agraria de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit y la subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para abordar el análisis y pago de los predios utilizados para construir las carreteras Tepic-Mazatlán y Mazatlán-Durango, así como el Libramiento 3 del puerto sinaloense.
Se va a invitar a los tres gobernadores, así como nuevamente a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para hacer un debate amplio, detallado e informado porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó Ernesto Pérez Virgen, representante de los campesinos, no desea apegarse a las directrices de los artículos 94 de la Ley Agraria y 10 de la Ley de Expropiación.
El pasado lunes en Tepic se realizó la tercera reunión regional de seguimiento al acuerdo del 23 de septiembre (antes se reunieron en Durango el 30 de septiembre y Mazatlán el 11 de octubre), donde hubo discrepancias de los campesinos en la interpretación de las normas por parte de los funcionarios federales.
“No estamos dispuestos a que se nos burle nuevamente como ya lo han hecho en casos anteriores”, expresó Pérez Virgen quien destacó que los funcionarios de la SCT pretenden realizar el proceso administrativo de expropiación antes de pagar los predios.
“Tenemos un caso entre nosotros que sirve de ejemplo: Los terrenos del ejido Las Lumbres, en el estado de Nayarit fueron expropiados en 2004 y es hora en que no se ha pagado la indemnización a los campesinos y nosotros lo que deseamos es que los funcionarios del Gobierno Federal respeten la legislación que protege los derechos agrarios”, agregó Pérez Virgen.
Agregó el representante de los 32 núcleos agrarios de Durango, Sinaloa y Nayarit que los funcionarios de la SCT, encabezados por la Directora de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la subsecretaría de Infraestructura, América Trejo, “están malinterpretando la buena disposición del movimiento para negociar”.
Afirma Pérez Virgen que el artículo 94 fracción III de dicha norma federal es muy claro cuando afirma que “los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente”, un previsto legal incumplido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Es decir, que ocuparon los predios sin antes haberlos pagado ni mucho menos haber realizado el depósito por la indemnización porque a 13 años de iniciado el proyecto y aún ahora que ya está inaugurado, se desconoce el valor de los predios porque no se han realizado los avalúos oficiales.
Pero, además, afirma Pérez Virgen, la historia se inclina en contra de los campesinos cuando, de acuerdo con la “Memoria Documental Expropiación de Bienes Ejidales y Comunales 2006-2012”, de la ex secretaria de la Reforma Agraria, afirma que existen mil 70 acciones expropiatorias desde 1950 y de esa cantidad, el 50% le corresponden a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Y de esos 535 expedientes expropiatorios de la SCT sólo tres han “cumplido” con los requisitos de decreto expropiatorio, publicándose el mismo, pero afirman los ejidatarios de Sinaloa, Durango y Nayarit que a la fecha “no sabemos si a los tres expedientes ya resueltos les pagaron sus derechos agrarios. Nosotros lo que sí sabemos es que al ejido Las Lumbres del municipio de Acaponeta, Nayarit, le fueron expropiadas 45 hectáreas en noviembre de 2004 a favor de la SCT y, el gobierno aún no les ha pagado sus tierras y derechos dañados”.
De tal suerte que el Movimiento por la Justicia Agraria exige que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte cambie las formas de hacer las cosas y demuestre su voluntad, toda vez que los campesinos decidieron una negociación tersa y transparente, ya que hasta ahora, por ejemplo, muchos de los expedientes en la Sedatu están incompletos, muchos otros aún no se inician y muchos incumplen con la legalidad.
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