(CODICS).- El Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional señalaron que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, al igual que al de Vicente Fox y Felipe Calderón, ya no le interesa la reforma profunda para el campo y otra vez tenemos que seguir esperando a que el Gobierno Federal se digne a voltear a ver la grave problemática que aqueja al campo mexicano.
Esto, aseguró el FICAM y CNPA-MN, es claro que la Agenda para el Desarrollo del Campo no está en las prioridades del Gobierno Federal y queda de manifiesto en su segundo informe de Gobierno donde no se habla de la Reforma para el Campo y sólo toca algunos puntos como el Financiamiento, ProAgro, antes Procampo, y habilitación a un distrito de riego.
Denunció a pesar de que los bloques campesinos CONORP, CAP y CONOC entregaron una agenda común de 38 puntos aglutinados en 5 ejes temáticos en un documento denominado “Pacto Rural”, nunca se instalaron las mesas de análisis y discusión ofrecidas por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Es decir, el campo debe seguir esperando, mientras somos testigos de la entrega del país a las trasnacionales, pues del diálogo fluido ofrecido por el Jefe del Ejecutivo no se dio nada.
No está de más señalar que el Gobierno Federal ha estado reacio a tratar diversos temas que tienen que ver con la problemática del Campo y están circunscritos a la imposición de magaproyectos, concesiones mineras, parques eólicos, hidroeléctricas, y que han traído como consecuencia la criminalización y judicialización de la lucha social ampliando la lista de luchadores sociales presos políticos, desaparecidos y asesinados.
El Gobierno Federal y la clase política aliada a los intereses trasnacionales, argumentó el FICAM y CNPA-MN han procurado con las reformas darle certeza jurídica a los inversionistas privados nacionales y extranjeros; pero cuando se trata de dar certidumbre al pueblo de México y sobre todo a las comunidades que se ven afectadas por la impunidad que impera a favor de empresas privadas que ocasionan daños, ahí se desentiende de su responsabilidad.
Tal es el caso de la empresa Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V. (OMIMSA), que trabaja para Grupo México responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi con las graves consecuencias para la población que ello ha implicado. Debe cancelársele la concesión independientemente de que se le castigue para reparar los daños al medio ambiente y a la población afectada.
Otro caso relevante es la tragedia de Chivaniza, Oaxaca que causó 9 muertes, 430 intoxicados y graves daños a los productores y al medio ambiente, a más de un año de la fuga de amoniaco no han sido atendidos y lo mismo ocurre en el caso del arroyo Polvorín, recientemente afectado por una fuga de gasolina. PEMEX rehúye a su responsabilidad minimizando los peligros y los daños en comunidades del istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
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