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La rápida evolución de las telecomunicaciones
y el surgimiento de nuevas tecnologías más eficientes, derivan en la
conveniencia de que las políticas públicas realicen ajustes regulatorios
oportunos que permitan el aprovechamiento de recursos escasos de que dependen,
como es el caso del espectro radioeléctrico.
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La rápida evolución de las telecomunicaciones
y el surgimiento de nuevas tecnologías más eficientes, derivan en la
conveniencia de que las políticas públicas realicen ajustes regulatorios
oportunos que permitan el aprovechamiento de recursos escasos de que dependen,
como es el caso del espectro radioeléctrico.
Es esa una de las razones que, con fundamento
en la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) decretara la negativa a prorrogar o renovar las concesiones
de la banda de 2.5GHz, así como el inicio del procedimiento de rescate, con sus
diversas etapas y fases, de todas aquellas que continúen vigentes.
¿Qué está haciendo el
mundo al respecto?
La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), brazo de telecomunicaciones de la ONU, es la encargada de promulgar y
adoptar estándares tecnológicos a nivel internacional. Y desde hace unos años,
tanto la UIT como la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), han
declarado que las frecuencias de la banda de 2.5 GHz son óptimas para otorgar
servicios de banda ancha móvil de nueva generación, que ofrece capacidades
mucho mayores a las que existen actualmente en el mercado.
De manera consecuente, diversos países, entre
los que se encuentran EUA, Inglaterra, Canadá, Chile y Brasil, han optado por
implementar políticas públicas para la reasignación del espectro radioeléctrico
con miras a promover un uso y aprovechamiento más eficiente del mismo en
beneficio de la población. Con ello, no sólo se beneficia a los consumidores
mediante tecnologías más eficientes a menores precios, sino que el acceso
generalizado de la población a estos servicios permite obtener mayores
ganancias a los operadores, además de contribuir a la reducción de la brecha
digital, aumentando por consiguiente el bienestar social.
En México han existido a la fecha 68
concesiones vigentes que se encuentran en manos de 11 operadores, entre los que
destaca MVS, con 42 concesiones vigentes y 20 vencidas. Actualmente, con 190MHz
de la banda se ofrecen servicios a poco más de 200 mil usuarios, mientras que
conforme a las recomendaciones de esos organismos internacionales sólo se
necesitan 40MHz al aprovechar la banda para ofrecer servicios de banda ancha
móvil a un número mucho mayor de usuarios, ya sea 3G o 4G, mediante redes WiMax
o LTE.
Es precisamente esa eficiencia uno de los
argumentos de la acción que emprende la autoridad del sector de
telecomunicaciones. En efecto, actualmente el espectro se encuentra
subutilizado, por lo que el gobierno emprende su recuperación para proceder con
una asignación más eficiente del mismo.
¿Qué hacemos en México?
En México, el 28 de marzo del 2008, la
Cofetel modificó el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para incluir
en esta banda los servicios móviles avanzados, según las recomendaciones de la
UIT. Ese mismo año resolvió que “se estima improcedente el otorgamiento de las
prórrogas…” Sin embargo, fue hasta 2012 que la SCT declaró el inicio del
procedimiento de rescate de la banda de 2.5 GHz, atribución que le concede la
LFT, entre otras razones, por la introducción de nuevas tecnologías.
Esto no quiere decir que el gobierno
despojará a los operadores de sus concesiones de manera arbitraria. Como
expresó Dionisio Pérez-Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes: “Se
respetarán los derechos de los concesionarios para presentar pruebas y
argumentos que convengan a su interés, y derecho de audiencia, sin
excepciones.”
Con un uso más eficiente del espectro, la
banda de 2.5 GHz representa una gran oportunidad para ampliar cobertura y
competencia en la provisión de servicios de datos móviles. Por ello, en
todos sentidos esta noticia abona en favor del mejor uso y aprovechamiento de
la banda, lo que se traduce tanto en mayores ventajas para los consumidores y
empresas, como para el gobierno en general.
No cabe duda que el país requiere la pronta
asignación de este espectro para ayudar a reducir la brecha digital con otras
naciones, fomentando la productividad y el desarrollo económico en general.
Como ya es tradicional en el sector, esto se podría ver amenazado por litigios
que pueden retrasar la decisión y sus consecuentes beneficios. Esperemos que
esta asignación se realice de forma adecuada, tomando en cuenta una consulta
pública y experiencias internacionales exitosas.
Como en muchos otros temas del sector, es
claro que en este de la recuperación y posterior (¡ojalá muy pronta!)
licitación de sus bloques a un mercado más competitivo, le brotan diversas
posturas de todo origen e interés. Confiemos que por una de las pocas veces en
la historia del sector a la fecha, prevalezcan los criterios de eficiencia
operativa, de fomento a la competencia, de actualización tecnológica, de mejora
regulatoria y; sobre todo, de maximización del bienestar social, que estas
medidas anunciadas por la SCT representan.
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