Entradas
Informanet Videos
* La Dra. Guadalupe Virginia Jiménez García, reiteró que es “la voz de quienes han muerto por falta de insumos” y exigió llegar hasta las últimas consecuencias legales y no dar carpetazo al asunto con una sanción administrativa
México, D. F., a 15 de agosto de 2013
La investigación en contra de servidores públicos adscritos al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debe llegar a las últimas consecuencias y no quedar en una simple sanción administrativa.
En conferencia de prensa, la doctora Guadalupe Virginia Jiménez García dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR), como consecuencia de una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aceptó el pasado 21 de junio que “se detectaron irregularidades al personal ministerial de la institución, que intervino en su integración”, es decir, en la integración de la denuncia que interpuso en contra de quien resultara responsable por el delito de amenazas, así como robo de medicamentos y más irregularidades.
A raíz de tal documento, exigió que se reintegre todo el proceso de investigación en contra de los médicos-funcionarios del CMN 20 de Noviembre y también se castigue a los integrantes de la agencia del Ministerio Público que actuaron irregularmente en la integración de su denuncia.
El pasado domingo 11 de agosto, mediante un comunicado, se dio a conocer que autoridades del ISSSTE denunciaron ante la PGR hechos por daño patrimonial superior a 55 millones de pesos, derivado de irregularidades en el manejo de medicamentos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
De acuerdo al documento antes mencionado, las irregularidades fueron detectadas en el proceso de distribución, registro y control de medicamentos de alta Especialidad hacia el Servicio de Oncología Médica, y en las que presumiblemente participaron funcionarios adscritos a ese complejo hospitalario.
Esta investigación surgió a raíz de que hace poco más de dos años la doctora Guadalupe Virginia denunciara pública y penalmente a altos funcionarios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE.
Sin embargo, el propio Órgano Interno de Control del ISSSTE, el pasado 6 de marzo le notificó que presuntamente no precisó circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos presuntamente irregulares que denunció, ni sus denuncias se encontraron “soportadas por elementos de convicción aptos y suficientes para determinar presunta responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos mencionados”.
Jiménez García detalló con documentos que su denuncia pública y penal consistió en lo siguiente:
1.- Denuncia por robo de medicamentos biológicos que se manejan en el Centro de Mezclas para ser utilizados en los servicios de alta especialidad, por parte de la doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Cabe señalar que esta denuncia la hicieron ante el Director Rafael Navarro Meneses y ante la doctora Guadalupe Virginia Jiménez García, cuatro médicos residentes, además de Aura Erazo.
2.- Por estas denuncias, Jiménez García sufrió acoso laboral del Subdirector Médico del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Antonio Zárate Méndez, con la presunta complicidad de sus superiores jerárquicos, desde el director del 20 de Noviembre, Rafael Navarro Meneses, pasando por el Director Médico del ISSSTE, Doctor Ricardo Gabriel Manuel Lee y el Director General en ese entonces, Jesús Villalobos López.
3.- La denunciante fue cesada sin derecho a indemnización el 10 de mayo de 2011 del cargo de Coordinadora de Medicina Interna, perdiendo una plaza de más de 31 años en el ISSSTE, cuando le faltaban pocos meses para jubilarse.
4.- Aquel año sufrió amenazas telefónicas y un atentado.
La doctora Jiménez García teme que la denuncia que las autoridades del ISSSTE hicieron ante la PGR por un daño patrimonial superior a 55 millones de pesos, sea sólo un distractor y que a los presuntos infractores sólo se les desligue de sus cargos o se les apliquen faltas administrativas.
“Estoy aquí para exigir que esto no se quede en castigos administrativos, en sanciones administrativas, en darse palmadas y un aguántate, te voy a suspender y no pasa nada. Que nos regresen lo que se robaron, que haya un seguimiento penal, que se llegue hasta las últimas consecuencias”, señaló Jiménez García.
“Soy la voz de los muertos. Tengo todo el derecho como la voz de todos los que perdieron la vida prematuramente por consecuencia de no tener los insumos destinados a ellos en salud, de exigir que en esta administración no nos quieran tomar el pelo”, añadió la galena.
La doctora Guadalupe Virginia considera que se sirvieron de la información que les proporcionó tanto al Órgano Interno de Control como a la Procuraduría General de la República, pero ante las evidencias de que no hubo una actuación correcta, anularon la demanda realizada por ella, para evitar:
1.- Que se le reinstale en el cargo que tenía hasta el 10 de mayo de 2011 y,
2.- Que sea una ciudadana y trabajadora, quien realice un acto de castigo a quienes en su momento fueron sus superiores jerárquicos, para evitar de esta forma que se desate una ola de denuncias de los trabajadores del Estado que desean destapar los casos de corrupción de sus jefes.
Por ello, Jiménez García indica que es un asunto de carácter político, con el fin de tapar las irregularidades y que continúen actuando impunemente las camarillas o grupos delictivos.
Finalmente, la doctora asegura que teme por su vida, ya que se encuentra en real peligro frente a las investigaciones que se realizaron y llegaron a encontrar culpables y luego de que la PGR y la PGJDF la dejaron en total indefensión.
Ante ello, ayer exigió a las autoridades que se le diga de quién es el número de teléfono 04455-3548-2958 desde donde salieron las amenazas contra su vida y objetó que las autoridades no puedan obligar a las empresas telefónicas a que den tal información, como lo dijo en su momento la ex procuradora General de la República, Marisela Morales.
regresar/home
* La Dra. Guadalupe Virginia Jiménez García, reiteró que es “la voz de quienes han muerto por falta de insumos” y exigió llegar hasta las últimas consecuencias legales y no dar carpetazo al asunto con una sanción administrativa
México, D. F., a 15 de agosto de 2013
La investigación en contra de servidores públicos adscritos al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debe llegar a las últimas consecuencias y no quedar en una simple sanción administrativa.
En conferencia de prensa, la doctora Guadalupe Virginia Jiménez García dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR), como consecuencia de una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aceptó el pasado 21 de junio que “se detectaron irregularidades al personal ministerial de la institución, que intervino en su integración”, es decir, en la integración de la denuncia que interpuso en contra de quien resultara responsable por el delito de amenazas, así como robo de medicamentos y más irregularidades.
A raíz de tal documento, exigió que se reintegre todo el proceso de investigación en contra de los médicos-funcionarios del CMN 20 de Noviembre y también se castigue a los integrantes de la agencia del Ministerio Público que actuaron irregularmente en la integración de su denuncia.
El pasado domingo 11 de agosto, mediante un comunicado, se dio a conocer que autoridades del ISSSTE denunciaron ante la PGR hechos por daño patrimonial superior a 55 millones de pesos, derivado de irregularidades en el manejo de medicamentos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
De acuerdo al documento antes mencionado, las irregularidades fueron detectadas en el proceso de distribución, registro y control de medicamentos de alta Especialidad hacia el Servicio de Oncología Médica, y en las que presumiblemente participaron funcionarios adscritos a ese complejo hospitalario.
Esta investigación surgió a raíz de que hace poco más de dos años la doctora Guadalupe Virginia denunciara pública y penalmente a altos funcionarios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE.
Sin embargo, el propio Órgano Interno de Control del ISSSTE, el pasado 6 de marzo le notificó que presuntamente no precisó circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos presuntamente irregulares que denunció, ni sus denuncias se encontraron “soportadas por elementos de convicción aptos y suficientes para determinar presunta responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos mencionados”.
Jiménez García detalló con documentos que su denuncia pública y penal consistió en lo siguiente:
1.- Denuncia por robo de medicamentos biológicos que se manejan en el Centro de Mezclas para ser utilizados en los servicios de alta especialidad, por parte de la doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Cabe señalar que esta denuncia la hicieron ante el Director Rafael Navarro Meneses y ante la doctora Guadalupe Virginia Jiménez García, cuatro médicos residentes, además de Aura Erazo.
2.- Por estas denuncias, Jiménez García sufrió acoso laboral del Subdirector Médico del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Antonio Zárate Méndez, con la presunta complicidad de sus superiores jerárquicos, desde el director del 20 de Noviembre, Rafael Navarro Meneses, pasando por el Director Médico del ISSSTE, Doctor Ricardo Gabriel Manuel Lee y el Director General en ese entonces, Jesús Villalobos López.
3.- La denunciante fue cesada sin derecho a indemnización el 10 de mayo de 2011 del cargo de Coordinadora de Medicina Interna, perdiendo una plaza de más de 31 años en el ISSSTE, cuando le faltaban pocos meses para jubilarse.
4.- Aquel año sufrió amenazas telefónicas y un atentado.
La doctora Jiménez García teme que la denuncia que las autoridades del ISSSTE hicieron ante la PGR por un daño patrimonial superior a 55 millones de pesos, sea sólo un distractor y que a los presuntos infractores sólo se les desligue de sus cargos o se les apliquen faltas administrativas.
“Estoy aquí para exigir que esto no se quede en castigos administrativos, en sanciones administrativas, en darse palmadas y un aguántate, te voy a suspender y no pasa nada. Que nos regresen lo que se robaron, que haya un seguimiento penal, que se llegue hasta las últimas consecuencias”, señaló Jiménez García.
“Soy la voz de los muertos. Tengo todo el derecho como la voz de todos los que perdieron la vida prematuramente por consecuencia de no tener los insumos destinados a ellos en salud, de exigir que en esta administración no nos quieran tomar el pelo”, añadió la galena.
La doctora Guadalupe Virginia considera que se sirvieron de la información que les proporcionó tanto al Órgano Interno de Control como a la Procuraduría General de la República, pero ante las evidencias de que no hubo una actuación correcta, anularon la demanda realizada por ella, para evitar:
1.- Que se le reinstale en el cargo que tenía hasta el 10 de mayo de 2011 y,
2.- Que sea una ciudadana y trabajadora, quien realice un acto de castigo a quienes en su momento fueron sus superiores jerárquicos, para evitar de esta forma que se desate una ola de denuncias de los trabajadores del Estado que desean destapar los casos de corrupción de sus jefes.
Por ello, Jiménez García indica que es un asunto de carácter político, con el fin de tapar las irregularidades y que continúen actuando impunemente las camarillas o grupos delictivos.
Finalmente, la doctora asegura que teme por su vida, ya que se encuentra en real peligro frente a las investigaciones que se realizaron y llegaron a encontrar culpables y luego de que la PGR y la PGJDF la dejaron en total indefensión.
Ante ello, ayer exigió a las autoridades que se le diga de quién es el número de teléfono 04455-3548-2958 desde donde salieron las amenazas contra su vida y objetó que las autoridades no puedan obligar a las empresas telefónicas a que den tal información, como lo dijo en su momento la ex procuradora General de la República, Marisela Morales.
regresar/home
