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"Complicidad" y tibieza de autoridades oaxaqueñas...
*** Ya es tiempo de decir “basta”
*** En el instituto no se ha afectado a nadie de forma física o moral y mucho menos en contra de un menor
*** No se comprobó plenamente la responsabilidad penal en el delito equiparado a la violación, de la hoy sentenciada Magdalena Rufina García Soto
*** El Juez Tercero de lo Penal, Miguel Hernández Bautista, ignoró el apego al derecho y por “órdenes superiores” dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión
*** Son evidentes las presiones políticas de grupos subversivos que amenazaron al Poder Judicial en Oaxaca para que dictara la injusta sentencia
*** Trató de extorsionar Leticia Valdés con 6 millones de pesos, a la dueña del Instituto San Felipe
*** Graves amenazas de muerte en contra de la propietaria de la institución educativa
MÉXICO, D. F., JUNIO 12 DE 2009.- Creando en su imaginación una monstruosa desgracia que impactara en el corazón de la ciudadanía en general, y valiéndose de la inocente imagen de su propio hijo, la madre del pequeño que se dice fuera violado en el Instituto San Felipe, Leticia Valdés Martell, con mítines y tutelada por un reducido grupo de la sección 22 del SNTE, partidos políticos como el PAN y PRD, así como la APPO, como consta en videos y fotografías, “obligó” al gobierno de Oaxaca a doblegarse a sus sucios caprichos.
El caso tomó tintes políticos, primero al efectuarse las elecciones a presidentes municipales y ahora las de diputados federales, por lo que el gobierno de Oaxaca, con el fin de llevarse el “carro completo” y no poner en peligro a sus candidatos, determinó que el proceso fuera amañado y se resolviera a favor de sus contrincantes.
Enarbolando la bandera de una mujer sufrida, sin importarle desgraciarle la vida no sólo a su vástago sino también a otras familias de bien en Oaxaca, Valdés consideró era la única forma de darse a conocer ante la opinión pública, sabedora que ésta maldice todo abuso sexual cometido con los menores de edad.
No cabe la menor duda que esto en lo futuro, generará en el corazón del niño odio y resentimiento al haber sido mal utilizado.
Como "falsas e incongruentes" se han calificado las declaraciones y pruebas presentadas por la señora Leticia Valdés Martell y su grupo de abogados, en contra de la profesora Rufina Magdalena García Soto, prisionera desde hace dos años por el delito de complicidad en la violación de un menor de edad en el Instituto San Felipe, de la Ciudad de Oaxaca.
Es importante resaltar que supuestamente el 7 de noviembre del 2006, Leticia Valdés “descubrió” que su hijo fue abusado sexualmente en el colegio. En dos ocasiones exigió de la propietaria del Instituto San Felipe la entrega de seis millones de pesos para callarlo, y al no obtener respuesta positiva, esperó hasta el 23 de mayo del 2007 para presentar la denuncia, según la averiguación previa 191/DS/2007.
En conferencia de prensa, la Directora General y propietaria de la mencionada institución educativa, Profesora Yolanda León de Constantino, en compañía de padres de familia y el abogado Humberto Castillejos Cervantes, demostraron ante los medios de comunicación, las verdaderas conclusiones de la defensa por este caso, que se encuentra bajo la causa penal 133/2007, en la fase previa al recurso de apelación o el amparo directo, por la sentencia del Juez tercero de lo penal.
Del documento se desprende que desde el inicio, el Ministerio Público en sus conclusiones no pudo demostrar la existencia del delito de violación agravada y, por el contrario, las pruebas de cargo que refiere "carecen de valor por ser contradictorias y haber desvirtuado la presencia judicial". Y "a pesar de no estar demostrado el delito, el Juez Tercero de lo Penal, valiéndose únicamente de las declaraciones del menor de cuatro años, dictó sentencia de 10 años de cárcel en contra de Rufina Magdalena García Soto, lo que motivó se recurriera a los amparos necesarios ante las instancias correspondientes.
No es posible que el Juez Miguel Hernández Bautista, por “órdenes superiores” y sin apego a derecho, dictara la sentencia condenatoria de 10 años de prisión a la supuesta cómplice de una violación que “nunca ocurrió en el Instituto san Felipe.
Se dio a conocer ante los medios informativos, que entre las inconsistencias se encuentra el hecho de que la denuncia interpuesta por Valdés Martell, fue desvirtuada con múltiples elementos, además de que se presentó ocho meses después de ocurridos los supuestos hechos, y de que la acusación se construyó con mentiras, contradicciones, pruebas refutables y dudosas.
Por esta razón, lo dicho por el menor violado, en ese entonces de cuatro años de edad, hijo de Leticia Valdés Martell, "carece de valor probatorio al verse evidentemente inducido por su madre y por la institución ministerial, que desde el inicio, accedió por presión política y amenazas de los grupos de presión que han apoyado a la mamá del niño.
En la reunión de medios, la directora del Instituto San Felipe, explicó: "primero se dice en la prensa lo que ya declaró y luego se declara formalmente ante el MP. No es posible que en un espacio pequeño donde hay más de 200 alumnos y 36 adultos sea cometida una atrocidad sin que los demás niños y maestros se hubieran dado cuenta".
Agregó que el número de párrafos asentados en la declaración no corresponden con el tiempo en que se dilató, según declaraciones de la misma madre, de ocho a diez horas.
Además, añadió, se desvirtuaron elementos como periciales, documentos públicos y privados, testimoniales sólidos e inspecciones realizadas por la misma autoridad.
Ejemplificó que las supuestas lesiones que presentó el menor el día 7 de noviembre de 2006 no son características de una violación, debido a la corta edad del menor y a la descripción de la supuesta conducta antisocial que se imputa ilegalmente a la ahora prisionera, maestra Rufina Magdalena García Soto. Las lesiones hubieran sido muy severas, opinó.
Igualmente, la descripción del menor no es congruente con la inspección ocular, "que para llevar al niño del salón de clases al gimnasio había que pasar por alguna de dos rutas, que ambas tienen visibilidad de muchas personas, y sería imposible que nadie se diera cuenta que lo llevaban a jalones, como dice la acusación".
Han sido evidentes las constantes presiones a través de múltiples movilizaciones, amenazas y gritos que ha llevado a cabo la señora Leticia Valdés Martell hacia las instancias de justicia, apoyada por grupos subversivos, para presionar al Poder Judicial de Oaxaca y obtener, como sucedió, una sentencia que torció el sentido de la justicia y que acabó con la vida tranquila de una familia que se atravesó en el camino de la denunciante.
Por su parte, los presuntos cómplices, Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, enfrentan órdenes de aprehensión pero están prófugos, además de que ganaron en primera instancia un amparo en el que un juez federal consideró que existen defectos en las órdenes de captura, de lo que se ha hecho caso omiso.
En la conferencia de prensa, Yolanda León de Constantino, exigió al gobernador del Estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, garantías para ella y su familia ante sendas amenazas de muerte que denunció haber recibido la tarde del pasado viernes 5 de junio en tres ocasiones, y de las cuales acusó directamente a Leticia Valdés Martell y al padre de ésta, Doctor Isaías Valdés.
De acuerdo a la denuncia, Yolanda León afirmó que primero alrededor de las 13:30 horas y por tres ocasiones, la voz de dos hombres se escuchó tras el auricular, una de ellas a su celular y las otras dos llamadas al teléfono del Instituto.
Las voces masculina con palabras altisonantes de dijeron a la denunciante que si no dejaba de acudir a los medios de comunicación la iban a matar a ella y a sus hijas.
Dijo que “la voz en al menos en las dos de tres ocasiones eran de hombres, me dijeron que si no me matan a mí que cuide a mi familia”.
Ante las amenazas de muerte sufridas, Yolanda León acusó de las mismas directamente a “Leticia Valdés Martell y su padre el señor Isaías Valdés, y cualquier cosa que me ocurra a mí o a mi familia o a cualquiera de los colaboradores del Instituto ellos serán los únicos responsables”.
“Exijo al gobernador Ulises Ruiz que se haga ya justicia en este caso y termine esta tremenda mentira y se esclarezca todo basado en el expediente“.
“Ya basta”, concluyó, de la tibieza y complicidad de las autoridades.
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