También discrimina Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Puerto Vallarta: PSD

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Ø El Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, rezagado y con un lenguaje discriminatorio.
Ø En octubre pasado, PSD exhortó al primer edil, Javier Bravo Carvajal, a garantizar el apego irrestricto al artículo 1º de la Constitución de México, y presentó quejas ante el CONAPRED y la CEDHJ.
Ø El 87% de los jaliscienses conviven bajo Reglamentos confusos, excluyentes y llenos de prejuicios: PSD Jalisco.

De acuerdo con el Partido Socialdemócrata de Puerto Vallarta, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio, que considera faltas a la moral y a las buenas costumbres “LAS PRÁCTICAS PÚBLICAS QUE IMPLIQUEN EL DESARROLLO DE UNA VIDA SEXUAL ANORMAL”, contraviene al 1º Constitucional que prohíbe toda discriminación “motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, el PSD desde meses atrás ha expuesto que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del artículo 1° Constitucional, en su artículo 9° establece que está prohibida toda práctica discriminatoria, como “realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual”. Por esta razón, desde el 14 de octubre pasado los ciudadanos socialdemócratas solicitaron al Ayuntamiento que dicho ordenamiento municipal sea derogado en su numeral 40, fracción XIV.

Según el análisis jurídico que el partido político de izquierda hizo sobre los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno de los 30 municipios más importantes de Jalisco, el que prohíbe de manera clara y específica las prácticas homosexuales es el de Ciudad Guzmán al señalar que: “Son faltas a la moral pública o convivencia social realizar prácticas homosexuales en lugares públicos que atenten contra las buenas costumbres y decoro social”.

De tal manera que aplicar una sanción de manera verbal o escrita, una multa o arresto por sostener, como señalan los anacrónicos reglamentos, “prácticas homosexuales”, “una vida sexual anormal” o realizar “actos de exhibicionismo obsceno, expresiones obscenas u ofensivas”, fomenta actos de discriminación, además de que las y los ciudadanos quedan a la libre interpretación de cuerpos policíacos mal capacitados respecto a estas normas municipales.

En opinión de la dirigencia estatal del PSD de Jalisco existen disposiciones absurdas en los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno como el de Tonalá que aplica sanciones por “ejercer la vagancia en forma habitual” y por “hacer gestos o señas indecorosas”; o como el de Tomatlán que castiga por “vestir o actuar indecentemente en presentaciones en público”.

“Modificar los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno disminuiría en buena medida las detenciones arbitrarias de hombres y mujeres con una orientación sexual distinta a la convencional; disminuirían las detenciones de jóvenes que disfrutan de una apariencia distinta a los tradicionalismos; disminuirían la corrupción de policías municipales que asustan, agreden y chantajean a jóvenes bajo cualquier pretexto”, asegura el PSD de Jalisco.

En el caso de Puerto Vallarta, el Partido Socialdemócrata han denunciado antecedentes sobre detenciones, extorsiones e incluso hostigamiento sexual por parte de elementos de la policía municipal contra integrantes de la diversidad sexual. Por ejemplo, han señalado que en junio de 2002, según el informe anual de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para la Comunidad Gay y Lesbiana, la policía de Puerto Vallarta arrestó al director de la revista gay Libido y a varios colaboradores que repartían ejemplares en la playa, acusándolos de estar repartiendo “material pornográfico”. Los detenidos fueron objeto de abusos verbales y del robo de algunas de sus pertenencias, entre ellas una cámara fotográfica, recordaron los ciudadanos socialdemócratas, y también mencionaron el caso reportado en 2006 por la periodista Lorena Moguel cuando Luis Felipe Ferreyra García fue vejado por dos policías municipales y dos inspectores de Reglamentos, quienes llevaron a cabo una redada en la zona de Olas Altas.

En reunión de trabajo sostenida con los integrantes del Ayuntamiento, el 19 de noviembre pasado el PSD en Puerto Vallarta declaró que “la discriminación es una forma de trato diferenciado que se basa en un sinnúmero de prejuicios sobre individuos o grupos, que limita oportunidades y genera vulnerabilidad a determinados sectores sociales, como el de la diversidad sexual”, por lo insistió en que es necesario derogar la fracción XIV del Artículo 40 de dicho reglamento para dar una señal al país de que en Puerto Vallarta se respetan los derechos humanos.

En tanto, para Víctor Espíndola, representante del Partido Socialdemócrata en Puerto Vallarta, la discriminación consiste en “la acción de otorgar un trato de inferioridad a algunos miembros de la sociedad, por algún motivo en específico, y se manifiesta en el acotamiento o la anulación de derechos y oportunidades para el bienestar y desarrollo de esas personas”, y añadió: “en México, la prohibición de la discriminación se reconoció en la reforma realizada al artículo 1o. de la Constitución Política Mexicana en el 2001, mediante la cual se prohibió cualquier tipo de distinción y se reconoció la igualdad material de derechos y oportunidades para todos los mexicanos”.

El Partido Socialdemócrata es un partido que defiende los derechos inalienables de la persona, los derechos civiles, políticos y sociales, así como los derechos a la diferencia y a un desarrollo sustentable. Los valores del PSD son la igualdad social, la redistribución de la riqueza, el respeto a las identidades indígenas, la igualdad entre mujeres y hombres, los reclamos ambientalistas y la dignidad de los migrantes, así como la lucha contra la discriminación, la tutela de los derechos de las minorías, la inserción global equilibrada de México en el mundo, la generación de bienestar para todos los ciudadanos y la defensa local de los derechos humanos.

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