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México, D. F., a 11 de noviembre de 2010
La Fundación para la Libertad de Expresión hace un llamado de solidaridad entre el gremio periodístico y a la sociedad, para intentar un cambio en las relaciones sociales de nuestro país. No puede ser que tanto las fuerzas del crimen organizado como también otros actores políticos y sociales, aprovechen el clima generalizado de inseguridad para acallar la voz de la sociedad.
Con las amenazas y agresiones sufridas entre lunes y miércoles por los reporteros gráficos del Diario de Juárez, una reportera-camarógrafa del diario Milenio y los trabajadores e instalaciones del diario El Sur de Acapulco, queda claro que no sólo las fuerzas del narcotráfico han roto la convivencia de nuestra sociedad, sino que otros actores políticos y sociales también actúan amparados en este clima de violencia.
Llegamos al momento de que las “enérgicas condenas” o las exigencias para que las autoridades resuelvan o aclaren las agresiones a la prensa ya no bastan, ahora, es imprescindible cerrar filas en torno al daño que sufren los medios de comunicación mexicanos.
La Fundación para la Libertad de Expresión hace un llamado a la sociedad para que se tome conciencia del valor de cada comunicador y de cada medio. Una voz acallada significa un gran daño al derecho de información y a la misma democracia.
El pasado lunes dos reporteros gráficos del Diario de Juárez fueron amenazados tras la publicación de la fotografía de un hombre que falleció a causa de un accidente en aquella ciudad. Los periodistas se negaron incluso a denunciar y recibir protección policial, ante el riesgo de que las corporaciones de seguridad estén infiltradas.
El miércoles por la mañana, la reportera de Milenio TV, Adriana Esthela Flores fue agredida por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando realizaba su labor informativa, ante la complacencia de integrantes de la policía del Distrito Federal.
Por la noche en Acapulco, trabajadores del diario El Sur fueron objeto de una agresión con disparos de arma de grueso calibre, afortunadamente sin que hubiera lesionados. Su director Juan Angulo afirma que no sabe de dónde provenga el ataque porque publican información fuerte no sólo sobre el narcotráfico, sino de otros problemas sociales, incluidos los que genera la probable construcción de una presa en Guerrero, a la que se oponen las comunidades cercanas.
Ante este panorama, la Fundación para la Libertad de Expresión exige que los órganos del Estado Mexicano, sus instituciones y los gobiernos en sus tres distintos niveles no sólo realicen acciones, sino que apliquen la normatividad vigente en nuestras leyes para acabar con la impunidad y el clima de violencia generalizado en el país, que cada día más alcanza a los representantes de los medios de comunicación y a las empresas mismas.
Consideramos que mientras no haya un alto, un ya basta a la impunidad, las agresiones continuarán y se incrementarán ante el vacío de legalidad existente.
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