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- Orden Jurídico en crisis
- Riesgos para la Gobernabilidad
- Hacienda, liquidará Ferronales
Los terribles acontecimientos que en materia de seguridad pública están ocurriendo diariamente en el país, de unos meses a la fecha, son indicadores incuestionables de que el orden jurídico, cuya preservación es una obligación de las instancias gubernamentales, se ha erosionado y se encuentra en crisis.
Esta crisis del Estado de Derecho, está generando riesgos para toda la población y para la legitimidad gubernamental, por que conforme se ha ido debilitando el orden jurídico, se han alterado también, la impartición y gestión de la justicia, la seguridad de los ciudadanos, la gobernabilidad y la paz social.
La Seguridad Pública es una materia gubernamental estratégica, por ello, las fallas, los errores y el descuido del Estado en esta materia están incidiendo de manera negativa en todos los sectores de la sociedad. Los errores de la estrategia gubernamental han sido principalmente: no contar con cuerpos policíacos capaces de prevenir y perseguir los delitos; no castigar en un porcentaje superior al 90% a quienes cometen algún delito; y generar un ambiente de impunidad, donde los delincuentes tienden a cometer delito tras delito, ya que saben que las probabilidades de que se les castigue, son muy bajas.
Ante la carencia evidente de cuerpos policíacos capaces, se ha recurrido a la militarización del país, y se han deteriorado también, la protección de las garantías individuales y los derechos humanos; el resguardo de la integridad de las personas y sus bienes; y la preservación de la paz pública.
Un ambiente de impunidad genera problemas de estabilidad política y económica al país. Toda vez que para concretar el crecimiento y el desarrollo económico, se necesita de armonía y tranquilidad social, ya que los empresarios toman decisiones de inversión, considerando el factor seguridad como fundamental, en sus esquemas de planeación. Es decir, no podrá existir un gobierno que trascienda como promotor del empleo si no se termina con la impunidad y se mejoran los niveles de seguridad pública.
Así lo reconoció el Presidente de la República, Felipe Calderón, hace unos días, al señalar que la inseguridad es uno de los desafíos más importantes que enfrenta México.
La inseguridad, en general, y la información que de ella deriva, envían no sólo a México, sino al mundo, una señal de violencia que deteriora la imagen de nuestro país, refirió el Presidente de la República.
Quiero reiterarlo, con el propósito de enfatizarlo: las acciones jurídicas y operativas emprendidas durante el actual sexenio por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipales; han sido insuficientes y en algunos casos, erráticas. En vez de combatir la violencia cotidiana, la estrategia gubernamental contra la delincuencia, se ha convertido en factor de retroalimentación de ésta. Por esa razón, la confianza ciudadana en las autoridades y su capacidad para combatir a la delincuencia, se ha perdido.
Cada vez se cometen más delitos y cada vez son más violentos. Los delitos de fuero federal se están incrementando. De igual manera, cada día, algunos elementos de los cuerpos policíacos se vuelven colaboradores de la delincuencia organizada, lo que incide en la pérdida de la eficacia policíaca y en la impartición de justicia.
El secuestro y el robo con violencia son ilícitos con niveles preocupantes. Los delitos se están presentando en todos los grupos sociales y está generando un grave problema de desconfianza social en los cuerpos policíacos, los ministerios públicos y los jueces.
Estudios realizados por centros de estudios especializados, señalan que cada año en México, en promedio se cometen 5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en el resto del Mundo, con excepción de África es de 1.6 homicidios anuales por cada cien mil habitantes.
En lo que se refiere a recursos financieros y humanos, se estima que la violencia sobre los bienes y las personas, representan una destrucción y transferencia de recursos mayor al 10% del Producto Interno Bruto –PIB- y en capital humano se pierde más o menos el 2%.
Preocupan las cifras sobre la inseguridad en el país, se señala que sólo en 2008, la delincuencia organizada cometió casi 137 mil hechos delictivos, la mayoría lamentablemente, fueron delitos no denunciados ni castigados.
Así, a pesar de los esfuerzos de Gobierno y Sociedad para garantizar la seguridad de la población, la delincuencia cada vez abarca más espacios sociales y su expresión es cada vez más cotidiana y violenta.
Los recursos económicos, el poderío y la ostentación con que se exhiben algunos miembros de la delincuencia organizada, se están conjugando con lo cotidiano de los asesinatos, balaceras, enfrentamientos, emboscadas, secuestros, ejecuciones, levantones, decomisos, robos, etc. para crear en la población una nueva cultura donde los antivalores sociales tienden a arraigarse en algunos sectores sociales.
Estamos llegando a una etapa en la que por su cotidianidad y constante presencia en los medios de comunicación ya a pocos sorprende o atemorizan las noticias sobre la comisión de actos delincuenciales violentos.
De un tiempo a la fecha, en los noticieros de los medios electrónicos y en la prensa escrita predominan las informaciones de nota roja. Y a pesar del enojo de algunos funcionarios públicos, los medios de información dan poca o nula importancia a la difusión de las estrategias y de las medidas que adoptan las autoridades gubernamentales para hacer frente a la ola de violencia que invade al país.
Las opiniones y posiciones sobre la estrategia gubernamental para hacer frente a la delincuencia, dividen a la sociedad, y existe, como ya lo he señalado pero quiero enfatizarlo, la percepción social de que la política gubernamental de hacer frente a los grupos delictivos, está generando un incremento sustancial de la violencia. En el Congreso de la Unión se han expresado posiciones a favor de un control, a través de la negociación con los grupos delictivos. Los funcionarios gubernamentales mantienen la posición pública de que a pesar del alto número de policías y civiles inocentes que han perdido la vida, la estrategia estatal de combate a la delincuencia, es la correcta.
En este contexto, debemos reflexionar, si la actuación de los medios de información está siendo la correcta, al dar cuenta a la sociedad sobre los hechos de violencia extrema que se están viviendo en el país, o si solamente actúan como caja de resonancia de un conjunto de hechos sangrientos y terribles que son reflejo de la impunidad que existe en el país.
Los medios, al informar sobre los hechos violentos perpetrados por la delincuencia organizada, se prestan al envío de mensajes entre los diferentes grupos, además contribuyen a acrecentar el temor de la sociedad ante la capacidad económica y de destrucción, que exhiben los grupos delincuenciales y que a veces, parece ser superior al que poseen las instituciones gubernamentales encargadas del combate a la delincuencia. De ser así, los medios darían la razón al Presidente Felipe Calderón y a algunos de sus colaboradores que consideran que los medios, por su forma de hacer públicas las noticias sobre los hechos de la delincuencia organizada, contribuyen a “alimentar las percepciones negativas” de la sociedad.
Porque parecería que los medios de comunicación están dispuestos para la difusión que los mensajes con los que, grupos de delincuentes organizados, tratan de intimidar a sus adversarios.
Al brindar espacio a ciertas noticias (mensajes escritos en personas ejecutadas, advertencias en cartulinas o mantas que colocan en la vía pública, difusión de videos a través de Internet, etc.), los medios de información, hacen realidad los propósitos que persiguen los delincuentes, quienes además de enviar mensajes para intimidar, pretenden crear ambientes de aprensión en la sociedad, es decir, crear ambientes sociales de miedo y de terror.
Los medios de comunicación y la ciudadanía se encuentran atrapados entre el miedo y la irritación causados por la impunidad y la corrupción, por un lado, y por el otro, la ineficiencia que han mostrado las autoridades gubernamentales en el combate a la delincuencia.
La impunidad ha debilitado a la sociedad y al Estado, y se piensa que es una de las consecuencias evidentes de una “democracia fallida”, toda vez, que si bien, con la alternancia partidista en la Presidencia de la República, se ha logrado una mayor distribución del poder entre los diferentes partidos políticos; también se ha incrementado la violencia y la corrupción como consecuencia de que los grupos de la delincuencia organizada han logrado apoderarse de un importante porcentaje del territorio nacional, ocupando los vacíos de poder que se crearon por la falta de autoridades fuertes, en niveles locales, regionales y estatales.
La redistribución del poder político con la alternancia partidista en la Presidencia de la República, permitió que algunos grupos delictivos ingresaran a espacios que anteriormente les estuvieron prohibidos por reglas no escritas del Sistema, por ejemplo, la participación política.
Los grupos delincuenciales fueron beneficiados por los cambios estructurales y la Globalización, y su exitoso infiltramiento en la política partidista de estados y municipios.
La impunidad – palabra que en el Diccionario se define como falta de castigo- de que gozan los delincuentes en México, ha erosionado la convivencia y la cohesión social.
Cuando los delitos quedan sin castigo, como ha sucedido en los últimos años en México, “tienden a proliferar, agravarse y retroalimentarse”, sostiene el analista León Bendesky.
La impunidad provoca miedo y éste se convierte en una forma de control en las sociedades modernas. Además, la manipulación de las repercusiones de la violencia tiene un efecto social divisorio.
La impunidad se presenta debido a fallas legales, incumplimiento de la aplicación de la Ley, por parte de quienes deben aplicarla (jueces, legisladores, burócratas, policías, etc.). Por ello, impunidad, ineptitud y corrupción, parecen ser sinónimos.
La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, debe sustentarse en una estrategia clara e integral para frenar, y en su caso, erradicar este flagelo que azota a la sociedad mexicana.
Los medios de comunicación visuales, electrónicos o escritos juegan un papel fundamental como eslabones, o correas de transmisión entre gobernantes y gobernados; entre Estado y sociedad; entre gobernantes y ciudadanos.
Algunas preguntas que debemos hacernos a 3 años de que el C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa, declarara la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado son:
¿Los medios de comunicación, son instancias de información veraz, objetiva y oportuna de los esfuerzos de los gobiernos federal, estatales y municipales de la lucha contra la delincuencia?. O,
¿Los medios de comunicación son transmisores de propaganda delictiva del crimen organizado?.
En este sentido, ¿Los medios de comunicación generan expresiones de tranquilidad social y confianza institucional? o bien,
¿Los medios de comunicación son generadores del terror o instigadores de una crisis Institucional?.
¿Cuál es el papel de los medios, de los periodistas, de los editorialistas, de los reporteros, en una guerra, o mal llamada guerra, que arroja más de veinticinco mil muertos en 3 años?.
La situación de inseguridad y violencia por la que atraviesa nuestro país, ha generado la sensación de que la sociedad está sola, impotente y paralizada de miedo ante la brutalidad y la crueldad de los métodos que utilizan las bandas criminales.
Nos sentimos inseguros porque vivimos inseguros. Los ciudadanos nos hemos convertido en rehenes del crimen organizado. El botín son nuestras vidas, nuestras propiedades pero, lamentablemente, también la de nuestros seres más queridos.
Los ciudadanos exigimos un México justo, libre y seguro. Un país en el que nuestros hijos puedan crecer seguros. Queremos que se termine con el México, donde en materia de seguridad pública la realidad supera a la ficción. Somos el 99% los mexicanos que apostamos por las instituciones y por la paz.
El nuevo valor del ciudadano es de compromiso con su sociedad. La única manera de huir de la tragedia y vivir para lo que estamos destinados, es no dejarnos paralizar por el miedo.
MURMULLOS
El exsecretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcaditas, antes de su renuncia, todavía tuvo tiempo de aventar la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, que se encuentra convertida en una “papa caliente”, al SAE de la Secretaría de Hacienda y a su titular Ernesto Cordero Arroyo.
Primero estuvo a cargo de Nacional Financiera, luego pasó a Banobras, convirtiéndose en una agencia de colocaciones y caja chica de funcionarios menores, y ahora estará a cargo de Hacienda.
Más de 40 mil jubilados, incontables kilómetros de terreno y miles de toneladas de unidades de arrastre y vías, cosas de importancia histórica que ahora en manos de la burocracia, sólo valen de acuerdo a la cotización del fierro viejo.
Van casi once años de la liquidación de Ferronales, otrora orgullo de los mexicanos, y no hay nadie que atine a dar una fecha para su extinción definitiva.
La liquidación ahora será responsabilidad de Guillermo Tello Ludlow , excoordinador de asesores de Sergio Hidalgo, exOficial Mayor de Hacienda y ahora, por segunda vez, Director General del SAE. Quien se apoya en gente de otros equipos, como el del exSecretario de Agricultura, Javier Usabiaga y coloca en puestos importantes, también, a personas que nunca han trabajado para la administración pública…
Por: Juan Jacobo Cázares
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