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Las prerrogativas que reciben los partidos incrementan cada año electoral y el costo de la democracia sube como la espuma sin que los órganos electorales puedan todavía fiscalizar el origen y el manejo de los recursos de campañas
Por Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
Cancún, Qna. Roo., a 29 de febrero de 2012.-Conocer el costo real de una precampaña política sigue siendo un dolor de cabeza para el Instituto Federal Electoral (IFE). Aunque este órgano colegiado fija los topes en las precampañas a los candidatos a diputaciones y senadurías (de 179 mil con 33pesos, en el primer caso, y de un millón 460 mil pesos, en el segundo), los partidos pueden “maquillar” a discreción sus informes de gastos, ocultando las cifras que arroja una campaña proselitista, en donde nunca nada es gratis y en la mayoría de los casos el apoyo es “en especie”.
Demetrio Cabrera, vocal ejecutivo del IFE en Quintana Roo, admite que a pesar de que cuentan con áreas bien capacitadas para dar seguimiento a los recursos que se destinan a los partidos, el problema de regular el financiamiento de las precampañas es que los informes de los gastos proselitistas de los candidatos llegan primero a fiscalización de los partidos antes que al instituto.
Es así que, cuando los desgloses llegan a manos del IFE, muchos ya han sido ajustados y “maquillados” para mantenerse en norma y no ganarse una multa o, incluso, la destitución de sus candidatos.
Eric Castillo Falcón, especialista en campañas políticas, coincide en que hasta el momento no existe una forma efectiva para regular los gastos de los partidos y, por tanto, es ilusorio hablar de un costo fijo de lo que realmente se gastan durante el proceso de publicidad previo a los comicios.
“Es imposible medir los gastos en la dinámica diaria de una campaña que dura un mes o dos; es imposible fiscalizar. En esta campaña electoral que será en todas las entidades, por senadurías y por diputaciones, es imposible que se regulen. Los métodos de medición son falibles”, subraya.
Profesor de la Universidad Anáhuac de Cancún, Castillo Falcón ha tenido a su cargo campañas como la de Berenice Polanco, Gregorio Sánchez y colaboró en la de Félix González Canto hacia la gubernatura. Por eso asegura que hay costos que se manejan fuera de las campañas y precampañas, y aunque no son ilícitos, sí están lejos del alcance de la fiscalización de un partido.
Tal es el caso del principal gasto en una campaña, el capital humano. El especialista detalla que gran parte de los costos de campaña se van en compensaciones y aportaciones a quienes trabajan en la campaña. Estos pueden no estar contemplados en los gastos de la campaña pues se pueden marcar como apoyos sin especificar lo que se da a los trabajadores.
Un grupo de trabajo estándar para cada precandidato está conformado por cerca de 30 personas, entre operadores, gente de logística y publicidad, sus salarios oscilan entre 5 y 10 mil pesos.
Gastos estimados de candidatos
En estimaciones basadas en un trabajo de campo, los precandidatos de los principales partidos a los puestos de elección federal en Quintana Roo gastaron en conjunto cerca de 15 millones de pesos en este primer lapso de la contienda electoral. El gasto no fue semejante entre cada candidato, pues mientras unos pintaron unas cuantas bardas, otros montaban campañas de publicidad multimediáticas.
Los excesos en los gastos de campaña ha sido el arma que han encontrado los adversarios políticos, incluidos dentro de un mismo partido, para desacreditar a sus oponentes e intentar bajarlos de la contienda. Tanto en el PAN como en el PRI y el PRD, la ropa sucia no se ha lavado en casa.
Por ejemplo, Marybel Villegas, quien en las encuestas lleva una amplia ventaja como la favorita del PAN a encabezar la candidatura a la diputación federal por el tercer distrito, fue blanco de ataques de sus propios correligionarios. Se le acusa de rebasar en 35 por ciento el tope de gastos de precampaña, particularmente en la cantidad de espectaculares y camiones rotulados con su imagen en las principales rutas de Cancún.
El contrincante de la panista por el mismo distrito electoral, Cuauhtémoc Ponce, asegura que ha interpuesto dos denuncias ante la Comisión Electoral Estatal del partido contra Villegas. Sin embargo, su queja no tuvo resonancia en las instancias correspondientes.
Marybel Villegas defiende que llegó al 50 por ciento del tope de campaña, que es de 160 mil pesos. La panista, quien en 2009 fue descalificada de la contienda por una diputación federal por actos anticipados de campaña, optó por espectaculares como principal estrategia de promoción y eso es lo que hoy le cuestionan sus oponentes, quienes inclusive han asegurado que la aspirante retiró varios espectaculares justo antes de que el IFE realizara su primer monitoreo de propaganda. A pesar de ello, no hay ninguna denuncia oficial sobre tales eventos.
Quien también fue acusada de rebasar los topes de campaña, fue la precandidata a la senaduría por el PRD, Luz María Beristáin, quien carga con la sombra del apoyo del gobierno del estado, al haber logrado publicitar su imagen en espacios oficiales y en la prensa.
La contrincante de Gregorio Sánchez en la candidatura de las izquierdas al Senado contrató 20 espectaculares en todo Cancún, cuyo costo oscila entre los 15 mil y los 30 mil pesos, dependiendo de las formas de contratación. En una estimación somera, la precandidata ha gastado más de 300 mil pesos, a esto se le suman los camiones que recorren la ciudad con sus imágenes.
El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro, acusó que Luz María Beristáin puso 53 espectaculares en todo el estado, lo cual, representaría un gasto cercano al millón y medio de pesos. Además, sostuvo que la perredista tuvo inserciones pagadas en todos los medios auspiciada por el capital del gobierno de la entidad. Pese a estos señalamientos, declinó presentar demanda y reculó, asegurando que la apoyaría si el partido la designa como candidata.
La camioneta que durante unas semanas recorría las calles de la ciudad con pancartas y bocinas que vitoreaban a Luz María Beristáin es propiedad de su familia, según se defendió la propia perredista, y se negó a dar más detalles de su precampaña apelando al periodo de silencio que impone el IFE.
Los precios de publicidad en camiones de alguna compañía de Cancún van de los 2 mil pesos a los 6 mil por un mes. El PRI parece haber obtenido un buen paquete de publicidad en este rubro.
El tricolor emprendió la segunda parte de su campaña, que consta de 75 camiones en todo el estado, 15 bardas por municipio y 45 espectaculares y mamparas, según información de la dirigencia estatal. Tan sólo en el rubro de los camiones y los espectaculares alcanza cerca de los 2 millones de pesos.
La publicidad del PRI, debido a que no muestra a ningún candidato, podrá mantenerse durante la intercampaña. Así también, el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo impuso un nuevo tarjetón a 500 unidades que usarán el logo del PRI y motivos partidistas. Los precandidatos de los principales partidos se escudan en que al final de la precampaña no pueden hablar de temas de tinte electorero y prefieren esperar a que sus partidos entreguen los informes al IFE.
Los rubros que se incluyen en el informe son las aportaciones del Comité Ejecutivo del Partido, aportaciones en efectivo y en especie del candidato interno, aportaciones de simpatizantes.
Los precandidatos deberán entregar su informe de precampaña, a más tardar, este 29 de febrero en sus respectivos partidos, éstos deberán dar solución a los procesos de impugnación interna que se interpongan en los procesos de elección de sus candidatos. Después, la Unidad de Fiscalización de los partidos entregarán al IFE estos informes, a más tardar el 25 de marzo.
El nuevo dedazo
El desaparecido escritor Carlos Monsiváis sentenciaba con palabras proféticas, en el 2006 para el diario La Jornada: “el dinero va a ser el nuevo dedazo. A más gasto en publicidad es menos democracia; a más despilfarro más se afecta la capacidad crítica”.
En efecto, el gasto desmedido en las campañas electorales en México nos ha ubicado como uno de los países con la democracia más cara, tanto en América Latina como en el mundo, según datos de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).
La organización estima que cada voto en México cuesta 17. 24 dólares, muy por arriba de su más cercano competidor en el continente, República Dominicana, con 6.84.
El juego democrático nacional demanda altas cantidades de dinero y los aspirantes a cargos de representación se ven reflejados en la máxima del priísta Carlos Hank González que dicta “un político pobre, es un pobre político”. Es así que los partidos movilizan todas sus armas de financiamiento para mantener ostentosas campañas mediáticas y de promoción en ciudades y comunidades, las cuales están lejos de poder ser reguladas por los órganos electorales.
Quintana Roo no está exento del derroche monetario en cuanto a las campañas políticas, las cuales cuestan más de 25 millones de pesos entre el financiamiento ordinario y de campaña para los partidos.
Según datos del Instituto Electoral de Quintana Roo, los recursos ordinarios con los que cuentan los partidos políticos se han duplicado; pasaron de 6 millones de pesos en 2001 a 15 millones en 2009. En la elección para gobernador de Quintana Roo en 2010, en la que resultó ganador Roberto Borge, el precio del voto fue de 70 pesos por ciudadano, esto si contemplamos que la votación total fue de 375 mil 636 sufragios.
Especialistas detallan que el gasto electoral en México ha llegado a ser de tal magnitud que para reducirlo sustancialmente será necesario modificar rubros importantes o emblemáticos del sistema electoral mexicano.
“El periodo de intercampañas en el proceso electoral 2012 no fortalece la democracia y es una limitación que no promueve la participación política al ser directrices que violan la Constitución y el derecho humano al voto”, asegura el investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Miguel Eraña Sánchez.
El IFE anunció mediante un desplegado que el periodo de intercampañas del proceso electoral federal 2012 correrá del 16 de febrero al 29 de marzo, tiempo en el que los partidos políticos concluyen sus procesos de selección de candidatos y registran ante el organismo a quienes hayan resultado electos.
En este periodo se vislumbra una tormenta, puesto que los candidatos no podrán realizar mítines ni debates ni acceder a tiempo oficial en radio y televisión, pero sí podrán dar entrevistas, conferencias y tener reuniones. Esto para el especialista causará conflictos y controversias.
Se va a prestar para toda una interpretación y aplicación subjetiva de la norma. Cuando existen confusiones o ambigüedades se demuestra que la redacción es errónea, le da al IFE la opción para sancionar y descalificar de manera subjetiva a partir de la interpretación de los consejeros.
El especialista considera esto como un riesgo, pues se puede llegar a descarrilar a algún candidato por consigna. “Ni en la Carta Magna ni en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales existe la concepción de intercampañas y yo creo que aquí los consejeros del IFE deben ser más respetuosos de la Constitución y de la ley”.
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