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Por José Martínez M. (*)
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| Ex gobernador Félix González Canto |
México, D. F., a 16 de abril de 2012.-Quintana Roo ha
dejado de ser un tema local. La corrupción en Quintana Roo, la impunidad y un
largo etcétera que llega a las mafias del crimen organizado, hacen de esta
entidad un asunto de seguridad nacional. No es ajeno a todo esto el ex
gobernador Félix González Canto y otros ex gobernantes y funcionarios. Félix
está obligado a rendir cuentas. El Congreso del Estado tiene una magnífica
oportunidad para reivindicarse, para recuperar su dignidad. Ningún otro poder
puede ni debe pisotear a esta representación que es donde reside la soberanía
del estado.
¿Por qué Félix González Canto debe ser sometido a juicio político?
La pregunta tiene muchas respuestas. En primer lugar porque desde el poder
Félix pervirtió a las instituciones de la entidad utilizándolas para sus fines
personales. Endeudó al estado comprometiendo el futuro de nuevas generaciones;
utilizó fondos del erario para promover su imagen lo cual constituye un delito
que debe ser sancionado, incluso por la vía penal; se benefició de la tragedia,
sus familiares aparecen en las listas de los grandes damnificados por los
huracanes; se apropió indebidamente –con la complicidad por supuesto– de
numerosos juegos de placas de taxis, y se dio el lujo de “pagar” con varios
juegos de éstas concesiones algunas propiedades millonarias que adquirió antes
de terminar su mandato, corrompió y manipuló a los medios, así, además,
incurrió en un manejo indebido y fuera de todo marco legal del sistema
quintanarroense de comunicación, violó las más elementales leyes electorales y
el IFE ha exigido a las autoridades estatales que se le sancione; se enriqueció
ilícitamente, bastaría hacer un arqueo a su situación patrimonial; realizó
operaciones con dinero de procedencia ilícita; se benefició con el usufructo de
concesiones portuarias; adquirió aeronaves para uso particular –con operación a
cargo del erario– aún después de su encargo; su gobierno se vinculó al crimen
organizado al otorgar una concesión de un penal a miembros de un cártel y como
cereza en el pastel incurrió en el delito de nepotismo, parientes por aquí
parientes por allá, todos con cargos en la administración pública, lo que
implica que debe ser inhabilitado y sancionado por la ley de servidores
públicos del estado.
Valiéndose de su cargo como gobernador Félix González Canto logró acumular una
inconmensurable fortuna que lo hacen ahora uno de los hombres más ricos de
Quintana Roo, en una especie de los personajes de la revista Forbes, claro
realizando jugosos e inmorales negocios con factura al erario público. Hasta da
gusto ser gobernador.
Para nadie es un secreto en Quintana Roo que Félix González Canto recurrió al
uso de las arcas públicas como fuente de financiamiento para su enriquecimiento
y sus ambiciones políticas.
Como muchos de los nuevos ricos –en especial los políticos depredadores, que no
llegan a servir sino a servirse– a Félix González Canto lo ocurre lo que a
éstos “si no exhiben su poder y su dinero, no existen”.
Por eso el ex gobernador de Quintana Roo acuñó como suya la famosa frase del
vulgo: “el que no tranza no avanza”. A tal grado que sus asesores le
aconsejaban que a esta frase la patentara como de su autoría, porque esa
terminó siendo la “filosofía” de su gobierno. Por eso muchos se preguntan ¿dónde
quedaron los 25 mil millones de pesos con los que endeudó Félix a Quintana Roo?
No es fortuito que esta entidad del Caribe sea vista como la “pequeña Italia”.
Aquí los jefes mafiosos hacen tratos con políticos de Cozumel y de Chetumal,
que, a su vez, apoyan a los líderes regionales. Y todos ellos comparten una
lucha contra el aparato de justicia. Pero, ¡ay de aquel periodista que ose
hablar de ello! De inmediato se convierte en un “extorsionador profesional”, en
un “corrupto”, por el simple hecho de denunciar toda esta cadena de
atrocidades.
Es por eso que el caso de Félix González Canto me recuerda el del político
italiano Salvatore Cuffarò, Totò para sus amigos. Este político siciliano que
fue condenado por complicidad con mafiosos, fue elegido senador. Como Félix
González Canto, Salvatore Cuffarò impuso el clientelismo como la base de la
vida política, económica y social del sur de Italia. ¿Alguna semejanza con
Quintana Roo?
La candidatura de Félix como senador ofrece una imagen muy útil de cómo la mafia
piensa y habla de política. "Félix es lo mejor que podíamos pedir".
“Esperemos en que gane el PRI". "Peña Nieto para resolver sus
problemas, tiene que resolver también los nuestros", asegura uno de los
hombres cercanos a Félix González Canto.
Existen buenos motivos para creer que eso es cierto. Desde que llegó Félix al
poder en 2005, comenzó a librar una campaña implacable para debilitar los
poderes del aparato judicial y legislativo, que terminó sometiendo a él. Por
eso, Félix y varios colaboradores suyos han eludido diversos procesos por
cargos que van desde corrupción y soborno hasta connivencia con la mafia.
Uno de los mejores amigos de Félix fue Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del
desaparecido capo Amado Carrillo Fuentes, el “Señor de los Cielos”, el propio
Félix le llamó a Luis Carlos Carrillo para mostrarle su “solidaridad” y decirle
que las críticas y señalamientos en los medios de que era un miembro de la
mafia, eran “una campaña de chantaje”, que él (Félix) "he hablado con
nuestros amigos de la PGR y me han dicho que está todo controlado".
Durante su gestión como gobernador Félix le otorgó una concesión a Luis Carlos
Carrillo Cano para la ampliación del penal de Cancún. Carrillo se ostentaba
como un “exitoso constructor” hasta que hace un año fue ejecutado en esa
ciudad.
Esa relación muestra cómo la mafia se ha insertado en la vida política de
Quintana Roo. Sus jefes locales tienen lazos con los políticos de la entidad, a
los que dan dinero y de quienes reciben favores, bien en forma de contratos
públicos desviados hacia sus empresas o avisándoles cuando están bajo
investigación. Por su parte, los políticos locales acumulan bases de poder
importantes y gran número de votantes leales, y los políticos nacionales buscan
esos contactos y, a su vez, les ayudan. Es un sistema basado en el clientelismo
y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado.
Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el
gobierno. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral
presidencial está la criminalidad y la seguridad pública. Para ocuparse de
ellos, el gobierno tendrá que cambiar de política penal y quienes estén
vinculados a estas mafias deben someterse a rendición de cuentas.
Algo debe hacerse, pues la colaboración entre las mafias y el Estado comienza a
ser tan estrecha que no sabe uno dónde terminan aquéllas y comienza éste.
Así no es ninguna novedad que algunos personajes como Félix que buscan captar y
capturar a la política para hacer sus propios negocios y sus propios intereses,
de esa manera durante su gestión –si se le puede llamar así- todos los días
buscó condicionar las decisiones del gobierno para reflotar su poder económico
que venía ejerciendo paralelamente, guiado desde luego por la máxima del
profesor Carlos Hank González quien sostenía que “un político pobre es un pobre
político”. Félix González Canto siguió a pie juntillas el aforismo del
Profesor.
En Quintana Roo como en otras entidades del país, ha quedado claro que como si
no fuera suficiente el drama de las mafias de los narcotraficantes, el país se
ha visto arropado por nuevas mafias, escondidas, en las cuales interactúan
representantes de la política, el gobierno y el sector privado.
La función de estas mafias es saquear las finanzas públicas para beneficio
personal. Mafias de contratistas que lavan dinero se infiltran en la
administración pública. Por ese motivo en Quintana Roo durante el gobierno de
Félix González Canto se clasificaron muchas de las operaciones financieras del
gobierno como “reservadas” o “secretas” hasta por un lapso de 20 años. No
existe la más mínima transparencia para el sector público, de tal manera de que
no hay herramientas para luchar contra la corrupción. Ese es el legado que dejó
el ex gobernador Félix González Canto que sin rubor busca ahora un escaño en el
Senado de la República para mantener su coto de impunidad.
En Quintana Roo están corrompidas las estructuras de poder, no hay una
gobernabilidad democrática por eso es preocupante el trinomio violencia con
mafia y política. La tragedia consiste no sólo en que la mafia se involucra en
la política, sino en que es la política la que instrumentaliza la mafia. De ahí
la necesidad de atacar la impunidad social, política y judicial.
A nadie escapa la indebida intervención en política de funcionarios públicos,
no sólo para favorecer, sino para coartar la competencia política. Se debe
garantizar que los recursos públicos no se utilicen para favorecer ni para
perjudicar a nadie.
Ahí está el caso del “pacto” entre Félix y Gregorio “Greg” Sánchez Martínez
quienes más que “negociar”, tranzaron, de la manera más burda, la candidatura
al Senado de la República ¿A cambio de qué?
Para nadie es un secreto cómo se negoció al respecto, pero nadie hace nada. Por
eso tanta impunidad.
Si no se adoptan medidas correctivas, incluso el gobierno estará en riesgo
porque las organizaciones mafiosas siguen fortaleciéndose en el Caribe. La
delincuencia seguirá campeando en el país porque están dadas las condiciones
para que así ocurra. El caso de Quintana Roo es un ejemplo. La gobernabilidad
está en entredicho.
Por eso los diputados del Congreso local deben actuar con madurez, de modo a
evitar que en los próximos años aparezcan los problemas que azotan actualmente
a otras entidades como Nuevo León o Chihuahua donde la descomposición social es
alarmante por las complicidades de las autoridades políticas con las mafias del
crimen organizado. En ese sentido Quintana Roo ya ha experimentado procesos
dolorosos, un ex gobernador está tras las rejas por sus vínculos con el crimen
organizado.
El tema de fondo es la corrupción política y la impunidad.
Félix González Canto privilegio sus intereses personales y puso en riesgo al
estado. Para empezar incurrió en un abuso autoritario del poder. Como solía
decir Lord Acton: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente”. Tal sentido sigue estando presente y predomina en el Caribe
como referente de los tipos de abuso del poder, como aquel que consiste en el
enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las
autoridades (corrupción personal) o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las
causas u organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien
personalmente (corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus
conexiones con quienes los tienen.
El manejo de la deuda pública de Quintana Roo por el gobierno de Félix González
Canto evidenció un manejo deshonesto de recursos públicos, por tal motivo los
miembros del Congreso y del poder judicial deben sancionar las conductas no
sólo de funcionarios públicos sino también aquellas dirigidas hacia actividades
del estado que estuvieron involucradas en su manejo.
En el campo jurídico es necesario aplicar la ley con mano firme mediante un
juicio político al ex gobernador, sino además los legisladores deben de
trabajar en mejores leyes contra la corrupción no sólo porque esta no sólo sea
política en cuanto que en ella estén envueltos políticos sino también en cuanto
que los políticos ya no pueden prescindir de producir políticas y normas contra
ella y que estas políticas y normas crean fuertes restricciones al actuar
político.
La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que uno
pudiera esperar. En primer lugar, no hay que perder de vista que la corrupción
no sólo es una acción más o menos consagrada como delictiva sino también un
importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la
pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro.
En el fondo, los actores políticos sobre todo en los casos de corrupción
oficial y no personal casi nunca están dispuestos a renunciar completamente a
esta forma de influencia. Así, por ejemplo, con Félix González Canto en
Quintana Roo se vivió un auge de la corrupción. Abundaron los excesos en que
podían estar involucrados lo mismo políticos que particulares, a tal grado que
no se cuestionaba nada. Tan es así que la corrupción ha llegado a tal grado que
constituye un factor de desestabilización y deslegitimación del sistema
político, pues no hay nada más virulento en una democracia que la corrupción.
A propósito del “Caso Félix”, Stephen D. Morris, quien realizó un interesante
estudio de la corrupción en México, sostenía que "se la ha definido como
el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; "Todo
uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de
consideraciones de beneficio personal o político"; o simplemente como
"el uso arbitrario del poder".
Otra definición con un énfasis más jurídico la proporciona Guillermo Brizio:
"Se designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un
servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y
prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares".
La corrupción también ha sido definida como: "comportamiento político
desviado" (falta de ética política); "conducta política contraria a
las normas jurídicas" (falta de ética jurídica y política); y
"usurpación privada de lo que corresponde al dominio público". Cabe
destacar que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe
incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician
únicamente intereses particulares. La corrupción puede beneficiar a familiares,
amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político
o cultural.
Visto así, en el “Caso Félix” hay mucha tela donde cortar. Hay argumentos
jurídicos para un juicio político, sus atrocidades cometidas desde el poder están
documentadas. Sería inconcebible que el Congreso local dejara pasar por alto,
una oportunidad como esta para reivindicarse y recuperar la confianza y la
esperanza en las instituciones. De otra forma pasarían a ser cómplices por
omisión o convicción.
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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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