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* Erick Gjumblich es
señalado por negativa del servicio público al negarse a investigar a detenidos
en flagrancia
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| Nayelli Ruiz Zárate se queja de Erick
Gjumblich, quien dejó ir a los presentados, quienes fueron detenidos en flagrancia. |
México, D. F., a 7 de mayo de 2012.-Colusión de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) con un grupo delincuencial que pretende apoderarse por
la fuerza del Condominio Insurgentes 300, fue lo que denunció esta mañana la
administradora general del inmueble, Nayelli Ruiz Zárate, quien dijo que pese a
las detenciones en flagrancia, los inculpados salen de la delegación
ministerial burlándose de que tienen comprados a los funcionarios.
El estado de deterioro en que se encuentra el famoso edificio es debido a que
este grupo encabezado por Carlos Omaña Herrera, quien fuera Asambleísta en la
II Legislatura en el Distrito Federal por el Partido del Frente Cardenista,
José Santana Ortega y la esposa de este, Edna Angélica Téllez Blanco, mediante
violencia, triquiñuelas, engaño y falsificación de documentos, se adjudican los
recursos de la administración.
Este grupo se ha apoderado de por lo menos 50 despachos y 7 de los 17 pisos que
tiene el edificio, “privatizándolos” a la fuerza como ocurre en estos días,
toda vez que "perdieron" la administración del edificio con quien
legalmente la ostenta, que es Ruiz Zárate.
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| Los abogados Alejandro Cervantes y José Alfredo
Félix- Díaz corroboraron los argumentos de Ruiz Zárate. |
La administradora general denunció que precisamente el día 27 de abril cuando
montaban una puerta y una reja en el piso 17, para tomar control ilegal de la
azotea, acudió a la agencia 7ª. de la delegación Cuauhtémoc para denunciar el
presunto delito de despojo con Edna Angélica Téllez Blanco y el herrero que
realizaba los trabajos.
Sin embargo, al llegar a la Agencia 7a., las personas presentadas hablaron con
el secretario del Ministerio Público de nombre Erick Gjumblich, quien dejó ir a
los presentados y tras argucias dilatorias luego de dos horas amenazó a la
quejosa. “Al preguntarle sobre lo que pasó con las personas de las que solicité
su puesta a disposición, me respondió: ‘presente su denuncia y se puede
retirar, tuvo suerte porque quien se iba a quedar detenida es usted y por
robo”.
Ruiz Zárate dijo que ese tiempo que utilizado por los denunciados para terminar
de instalar bien la reja y que esta quedara de facto, pese a que jurídicamente
es improcedente cerrar las áreas comunes.
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| Ýa ganó un alegato con la Procuraduría Social y logró que le dieran la razón: Nayelli Ruiz buscará hacerlo también en la PGJDF. |
En el régimen de propiedad condominal los pasillos, azoteas y escaleras son
considerados como área común, por lo que nadie puede apropiárselas, cometiendo
el delito de despojo quien así lo hace. Sin embargo, este grupo comandado por
Omaña Herrera, Santana Ortega y Téllez Blanco se ha venido apropiando del
edificio mediante la violencia, amenazas y despojo, aprovechando la colusión
con las autoridades.
El año pasado se presentó un caso muy similar con funcionarios de la
Procuraduría Social, quienes por más de 24 meses dieron la razón a este grupo
que se ostenta como administrador del edificio con papeles apócrifos, mismos
que fueron desestimados por el juzgado 34 administrativo en el Distrito
Federal, con una sentencia que causó estado.
El caso llegó a la ex procuradora Dione Anguiano y sólo en ese momento se dio
la certeza jurídica a la actual administradora, Nayelli Ruiz Zárate, quien
afirma que el estado del edificio es de deterioro porque "esta gente se ha
quedado con las cuotas de mantenimiento y renta de los muros".
Como lo hizo antes en la ProSoc, dice la administración del Condominio
Insurgentes 300 que librará la batalla legal ante la gran red de complicidades
que existen en la Agencia 7ª. Del Ministerio Público del Fuero Común en
Cuauhtémoc, dependiente de la Procuraduría Genral de Justicia del Distrito
Federa, hasta demostrar que tiene la razón.
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