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DENUNCIAN EJIDATARIOS ILEGALIDAD DE SCT EN CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MAZATLÁN-DURANGO
México, D. F., a 21 de junio de 2013
Representantes de 29 ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit dieron a conocer esta mañana la apropiación ilegal, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de aproximadamente 1 mil 900 hectáreas para la construcción de las autopistas, supercarreteras, libramientos y el famoso puente Baluarte en la vía Durango-Mazatlán, presumida como la más grande obra de ingeniería del sexenio anterior no sólo en México sino en Latinoamérica.
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| Los desechos y contaminación son mas que evidentes. |
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Sin embargo, los acuerdos sobre los que se basa la ejecución de la obra son ilegales, como lo sentenciaron tres recursos de amparo que fueron fallados a su favor, a la espera de que caminen 26 más: Los amparos ganados son el 145/2010 otorgado al ejido Ojo de Agua de Palmillas, en Sinaloa; el 323/2010 para la comunidad de Malpica, también en Sinaloa y el más reciente del 13 de febrero de este año y ratificado el 7 de marzo, el 137/2013 a favor del Ejido Pueblo Nuevo.
“Con estos elementos jurídicos a nuestro favor, queríamos negociar. Sin embargo, frente al silencio escuchado por parte de las distintas autoridades gubernamentales, el pasado 31 de mayo los habitantes de los ejidos Pueblo Nuevo, San Antonio y Anexos, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo y Comunidad de Chavarría Nuevo, realizamos una movilización y aplicamos el derecho constitucional del amparo”, expresó Alvarado.
Agregó que “a partir del 7 de marzo que quedó firme, (el amparo) ha sido violentado por las constructoras con el respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues mantienen las actividades, pese a que el juez decretó que las cosas debían quedarse en el estado en el que se encontraban al momento de la sentencia”.
Hoy los representantes de aproximadamente 3 mil familias de los tres estados quisieron “dar a conocer el abuso del que hemos sido objeto por parte de las anteriores autoridades del Gobierno de la República y con el fin de poder dialogar y llegar a un acuerdo con los nuevos funcionarios de la Federación”.
Al realizar una valoración de los daños, Felipe Coria Quiñones destacó que las afectaciones quizá no puedan medirse inmediatamente, “el daño es cuantificable en periodos superiores a 60 años y ese es el más grande peligro forestal y de producción”.
Añadió que desean ser incluidos en el proyecto de desarrollo alrededor de la vía Mazatlán-Durango, pero “no por estar en él debemos cargar con todo el costo, así que es innegociable la restitución de daños y una indemnización justa por nuestras tierras”.
Un aspecto importante para los ejidatarios pero también para el medio ambiente, describió Felipe Coria, es la afectación al bosque reproductor de la guacamaya verde o Ara Militaris, que fue dividido por el trazo de la carretera, lo que poco a poco obligará al ave a salir de ese territorio, además de que ellos dejaron de percibir un millón 200 mil pesos anuales por concepto de servicios ambientales, es decir, por el cuidado del bosque que ha sido afectactado en un 80 por ciento.
A lo largo del trazado de la Vía Mazatlán Durango se afectarán grandes plantaciones de mango de exportación, bosque de maderas, sorgo, maíz y otras gramíneas.
Finalmente, Ernesto Pérez Virgen, representante de los ejidatarios de los tres estados señaló que las empresas que han producido las afectaciones ambientales son entre otras la española Aldesa, Tradeco, Omega y Carso.
“Con estos elementos jurídicos a nuestro favor, queríamos negociar. Sin embargo, frente al silencio escuchado por parte de las distintas autoridades gubernamentales, el pasado 31 de mayo los habitantes de los ejidos Pueblo Nuevo, San Antonio y Anexos, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo y Comunidad de Chavarría Nuevo, realizamos una movilización y aplicamos el derecho constitucional del amparo”, expresó Alvarado.
Agregó que “a partir del 7 de marzo que quedó firme, (el amparo) ha sido violentado por las constructoras con el respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues mantienen las actividades, pese a que el juez decretó que las cosas debían quedarse en el estado en el que se encontraban al momento de la sentencia”.
Hoy los representantes de aproximadamente 3 mil familias de los tres estados quisieron “dar a conocer el abuso del que hemos sido objeto por parte de las anteriores autoridades del Gobierno de la República y con el fin de poder dialogar y llegar a un acuerdo con los nuevos funcionarios de la Federación”.
Al realizar una valoración de los daños, Felipe Coria Quiñones destacó que las afectaciones quizá no puedan medirse inmediatamente, “el daño es cuantificable en periodos superiores a 60 años y ese es el más grande peligro forestal y de producción”.
Añadió que desean ser incluidos en el proyecto de desarrollo alrededor de la vía Mazatlán-Durango, pero “no por estar en él debemos cargar con todo el costo, así que es innegociable la restitución de daños y una indemnización justa por nuestras tierras”.
Un aspecto importante para los ejidatarios pero también para el medio ambiente, describió Felipe Coria, es la afectación al bosque reproductor de la guacamaya verde o Ara Militaris, que fue dividido por el trazo de la carretera, lo que poco a poco obligará al ave a salir de ese territorio, además de que ellos dejaron de percibir un millón 200 mil pesos anuales por concepto de servicios ambientales, es decir, por el cuidado del bosque que ha sido afectactado en un 80 por ciento.
A lo largo del trazado de la Vía Mazatlán Durango se afectarán grandes plantaciones de mango de exportación, bosque de maderas, sorgo, maíz y otras gramíneas.
Finalmente, Ernesto Pérez Virgen, representante de los ejidatarios de los tres estados señaló que las empresas que han producido las afectaciones ambientales son entre otras la española Aldesa, Tradeco, Omega y Carso.
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