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*La Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina sostuvo que dicho plan permitirá frenar la privatización indiscriminada del ejido y la comunidad.
(CODICS).- Rocío Miranda Pérez, Presidenta Nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, así como Alejandro López Bravo, Secretario de Organización de esta agrupación, exigieron al Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, crear un Plan Nacional de Reorganización Ejidal y Comunal en el país para incorporar nuevamente a este sector a las actividades productivas y así frenar las acciones que lo llevan a la privatización de la tierra.
En entrevista, ambos dirigente campesinos sostuvieron que la Procuraduría Agraria está obligada a cumplir con su papel de Ombudsman de los campesino y proceder a “frenar sus actividades que llevan a proponer a los ejidos, los procesos de privatización de la tierra”.
Debido a esta situación, exigieron una mayor coordinación entre la SEDATU, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria que permita recuperar el papel del campo y proteger de la iniciativa privada “voraz” a los campesinos y ejidatarios.
Al hacer un análisis del estado que guarda el ejido en México donde más de mil 600 ejidos son ya terrenos para el desarrollo de vivienda que no beneficia a los ejidatarios, advirtieron que “está demostrado que asumir el dominio pleno no garantiza prosperidad y producción en los ejidos, más bien provoca pobreza y que sujetos extraños se apoderen de las mejores tierras y éstas se destinen a actividades no productivas, sino a desarrollos inmobiliarios y de otro tipo”.
Rocío Miranda Pérez, Presidenta Nacional de UFIC, recordó que en México el 52 por ciento es propiedad social, sin embargo ahí se concentra la mayor parte de la pobreza en tanto que la riqueza se ubica en sólo 23 ciudades del país, por lo que la PA debe frenar también los procesos de reversión de las tierras de uso común con lo que se incorporaran a un “supuesto” desarrollo urbano.
Al respecto, Alejandro López Bravo, Secretario de Organización de la UFIC, sostuvo que existe un gran rezago en muchos ejidos que, al certificar parte de sus tierras, quedaron considerados con conflictos agrarios.
Del mismo modo, continuó, son ahora áreas en disputa entre ejidos, existen parcelas vacantes y además hay tierras con dificultades de ubicación técnica ó demasías en ejidos y “hasta el momento no vemos la mano de la Procuraduría para atender esta problemática”.
Por lo anterior, Rocío Miranda Pérez en su calidad de líder de UFIC se cuestionó: “qué programa está implementando la Procuraduría para culminar la certificación en estos miles de ejidos con problemas de regularización”.
Otros pendientes, agregó, son la revisión del reglamento interno de la Procuraduría Agraria así como un combate frontal a la corrupción y al burocratismo.
En tanto, para Alejandro López Bravo, también es indispensable optimizar los recursos humanos y técnicos ya que existe personal que debe ser reasignado a las tareas principales de la dependencia y no ser una carga al presupuesto de la institución.
Del mismo modo, dijo, el trabajo de los visitadores debe ser revisado, elevarse la calificación de la atención que brindan a ejidos y comunidades así como darles recursos para que garanticen atención en sus áreas de trabajo.
Rocío Miranda Pérez, al respecto de lo anterior, fue puntual al sostener que “si acusamos de corrupción a personal de la Procuraduría es porque se cobra a los campesinos por los trabajos que obligatoriamente debe realizar el personal de la dependencia”.
Entonces, ambos dirigentes concluyeron en que también debe ser revisado y modificado el Manual Único de Procedimientos Sustantivos de la Procuraduría Agraria donde se establecen formas y métodos para “supuestamente” resolver problemas y dar atención a los afectados que son los ejidos y las comunidades de nuestro país.
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