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Cholula, Puebla, México, a 26 de noviembre de 2009
Si bien el derecho de la población a estar informada dio un gran paso con la creación de órganos de transparencia en todo el país, hoy el reto es perfeccionar el sistema de acceso a la información pública gubernamental porque aún existen intentos del poder por impulsar esquemas regresivos para frenar su desarrollo, destacaron expertos en la materia, reunidos en el 10o. Congreso Nacional y 5o. Seminario Internacional de Derecho de la Información que se desarrollo en la Universidad de las Américas Puebla.
En el encuentro auspiciado por la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el Ayuntamiento de Puebla, se destacaron el problema recurrente del bajo perfil de los integrantes de los órganos y los alcances jurídicos de estas instancias.
Rubén Minutti Zanatta, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Adminis- trativo del Distrito Federal abrió el debate sobre la necesidad de que México se suba a la ola de los sistemas democráticos más avanzados que han creado Órganos Constitucionalmente Autónomos, con el fin darles mayor fortaleza para garantizar el acceso a la información.
Es decir, que no sean creados por decretos ni presidenciales ni gubernamentales, sino constitucionales a través de las legislaturas, "los cuales tengan su ubicación fuera de la estructura orgánica de los tres poderes tradicionales".
Ángel Trinidad Saldívar, Comisionado del IFAI, aseguró que la función de los órganos garantes y los tribunales especializados se complementan, puesto que para garantizar el acceso a la información, es necesario un órgano "que revise las negativas de las secretarías de Estado (y) estoy porque el único mecanismo que puede revisarle algo a los institutos de transparencia es a través del Poder Judicial de la Federación", añadió.
El comisionado dijo también que, sobre todo, "quien pueda solicitar la revisión de una decisión sea un ciudadano; estoy en total y absoluto desacuerdo que las propias dependencias puedan pedir la revisión ante un tribunal de lo contensioso administrativo porque eso nos llevaría a perder la rapidez con que hoy se le entrega la información al ciudadano".
Asimismo, destacó que en julio pasado se rebasó el límite para que las legislaturas federal y de los estados adecuaran las leyes de transparencia al nuevo standard mínimo establecido en la Constitución en la reforma de 2007, incluidas las del IFAI, para lo que están en pláticas con los diputados para ver la pertinencia de hacerlo en el siguiente periodo de sesiones.
En su turno durante el segundo día del encuentro,la ex comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, Josefina Buxadé, aseguró que de nada sirve que el órgano tenga autonomía constitucional, "si sus integrantes no lo son, como ocurre normalmente, pues ocupan los cargos para servir al gobernante en turno o como trampolín para accedar posteriormente a otro puesto público".
Argumentó que los órganos deben ser, sobre todo, ciudadanizados y que con ello "no tengan miedo de asegurar que los órganos de gobierno deban entregar la información que se les requiere", experiencia que resultó positiva en el caso del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).
La experiencia allí fue que el empresario Eloy Dewey Castilla fue seleccionado comisionado presidente y como no tenía interés político alguno, realizó su trabajo; lo cual motivó que fuera depuesto como presidente por sus propios compañeros, aprovechando una reforma ex profeso aprobada por una mayoría del PRI en el Congreso del Estado, decisión que recurrió y debió ser reinstalado.
Otro vicio, recordó Buxadé, es que en algunos estados cada poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) tiene a su propio comisionado o como en Puebla donde hay una Comisión de Acceso a la Información por cada poder, por cada órgano autónomo e, incluso, por cada uno de los 217 municipios.
"Ya hay órganos de transparencia —aseguró Samuel Bonilla Núñez—, el problema ahora es el perfil de quienes integran los órganos".
El Coordinador de México Infórmate en San Luis Potosí destacó que la falta de calidad en las resoluciones de los órganos de Transparencia e Información Pública tiene que ver con el perfil de los seleccionados, pero también con el de los seleccionadores.
Y detalló que en San Luis Potosí los legisladores que iban a entrevistar a los aspirantes, apenas 20 minutos antes de iniciar el proceso, buscaban con sus asesores a algún especialistas que les hiciera un cuestionario con el cuál poner a prueba a quienes iban a examinar.
"El mejor proceso de selección puede errar si las personas encargadas no están debidamente capacitadas" y en esto de la transparencia y acceso a la información, agregó, pocos legisladores cumplen plenamente con ello.
Mañana culmina el encuentro con el panel Función de los medios Públicos en el siglo XXI y otro sobre la Despenalización de los Delitros contra el Honor, la Vida Privada y Propia Imagen.
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