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¿No habrá tregua contra la criminalidad, la impunidad y la corrupción en México, son las palabras que ha pronunciado en sus discursos el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, desde diciembre de 2006? sin embargo, a la fecha hemos visto que lamentablemente el crimen organizado en sus distintos ámbitos se ha fortalecido como un autentico poder fáctico.
Las noticias diarias informan y solamente le echan la culpa a los grupos de poder fáctico “que son visibles”, para ello han utilizado para combatirlos al ejercito mexicano, sin embargo lo que no ha salido a la luz pública es el grave problema de la corrupción legal que existe a la vista de todos por parte de funcionarios públicos federales en las dependencias públicas, donde existe una cultura de impunidad y corrupción encubierta tan arraigada e institucionalizada que difícilmente se podrá eliminar si no se aplica con transparencia y rigor la ley anticorrupción recién aprobada por el Senado de la República.
Esta impunidad en México sucede en muchas dependencias federales cuando se realizan las contrataciones de diversos servicios públicos o particulares para dar algún servicio a la Institución pública o para realizar compras de insumos para su funcionamiento, un ejemplo es el caso de Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) banca de desarrollo del gobierno federal donde con la contratación de servicios médicos para el personal suceden serias irregularidades que ha permitido un esquema de corrupción encubierta “pero muy visible” que ha permitido que la calidad del servicio médico que reciben los pacientes por parte de proveedores del gobierno federal se haya demeritado en los últimos años a causa de que servidores públicos encubren las deficiencias administrativos y operativas de empresas que no cumplen con calidad los servicios para los que fueron contratados.
En transacciones mercantiles ¿sabemos que nadie favorece a una empresa que no cumple con las condiciones pactadas en un contrato de servicios, si no es por algún interés de tipo principalmente económico? es decir, ¿yo te contrato, te favorezco, te encubro tus errores y deficiencias en el servicio que le otorgas a la dependencia a cambio de una compensación económica?, ¡pero, dicha compensación la recibiré a través de terceras personas para evadir a la justicia, a la Secretaria de la Función Pública y a las autoridades fiscalizadoras del país!, total, sabemos que la Secretaria de la Función Pública indiferentemente solo actuara contra una corrupción legal, si solamente recibe una denuncia ciudadana, ¿pero?, ¡solo si recibe en charola de plata las pruebas de culpabilidad, es decir, exige por procedimiento burocrático interno que el ciudadano actúe como si fuera un ministerio público y un policía investigador, como la ve amigo lector, no investiga con seriedad!
La Secretaria de la Función Pública a través de los Órganos Internos de Control (OIC) en todo el gobierno federal debiera ser un órgano fiscalizador que investigara con profesionalismo y sin burocratismos los actos de corrupción denunciados por los ciudadanos, sin embargo en la realidad no es así, para muestra ponemos el ejemplo de lo que sucede en Nafin con la contratación de su servicio médico para sus empleados; se contrato desde hace varios años los servicios de una “administradora de servicios médicos” para que le ayudara a administrar la infraestructura médica que le permitiría dar un buen servicio de calidad a los pacientes, pero sin embargo el servicio siempre ha sido deficiente, por otro lado la contratación de la red hospitalaria, gabinetes radiológicos, médicos, etcétera, son contratados directamente por funcionarios de recursos humanos de Nafin, quienes con toda impunidad tienen el poder fáctico de decidir la contratación, renovación o cancelación de contratos a través de una adjudicación directa, es decir, sin un concurso de licitación pública y acompañado de una justificación técnica-mercadotecnia que garantice que están contratando los mejores hospitales o servicios médicos.
En el caso del servicio médico en Nacional Financiera, históricamente siempre se habían contratado en general a buenos proveedores médicos, por ejemplo, se tenia contratado a una red de hospitales certificados por las autoridades de salud publica federal del grupo Ángeles hasta el año 2009 a precios competitivos en el mercado laboral bancario, pero a partir del 2010 se cancelaron estos buenos servicios y a cambio, se contrataron a dos hospitales no certificados con servicios y una infraestructura médica inferior y calidad deficiente, lo anterior con la finalidad principal de favorecer económicamente al grupo de empresarios de estos dos hospitales, ya que actualmente han aglomerado todos los servicios hospitalarios para los pacientes en un solo hospital para generarle a esta empresa excelentes utilidades ¿a cambio de qué se le favoreció a este grupo empresarial, para que se convirtiera en un buen negocio para este proveedor del gobierno federal?
Resulto tan buen negocio lo anterior, que en breve con toda impunidad los funcionarios de la dirección de administración de Nafin pretender cambiar la actual red de consultorios de médicos familiares que han dado un buen servicio a los pacientes con una tarifa de $100.00 por consulta, “que es el precio promedio bajo que paga el sector bancario nacional a sus proveedores”, quieren establecer un nuevo esquema de atención, donde pretenden aglomerar a los pacientes en centros de atención tipo IMSS y/o consultorios similares pagando un costo promedio de $25.00 la consulta, desmeritando en automático la calidad de la atención médica en perjuicio de los pacientes, aquí, nuevamente se pretende favorecer al grupo de inversionistas de los dos hospitales no certificados estableciendo este esquema dentro de sus estructuras hospitalarias con el fin de que resulte un negocio altamente lucrativo al aglomerar los consultorios médicos con los servicios hospitalarios en un mismo lugar ¡como la ve amigo lector, es o no un buen negocio!
La justificación que ponen los funcionarios públicos para concretar estos actos de corrupción encubierta casi siempre ha sido “la famosa reducción de gastos y/o el presupuesto” y algunas otras de tipo fantasioso como por ejemplo el de informar de que ya no hay dinero para los servicios médicos, pero la realidad es otra, ya que por ley siempre debe de existir el suficiente presupuesto y reservas económicas para atender estas necesidades de los empleados bancarios, en conclusión; lo del presupuesto ha sido reiteradamente una cortina de humo que han utilizado impunemente para engañar a los Órganos Internos de Control y así fácilmente evadir sus responsabilidad legal y administrativa, porque saben que en cuestiones de relaciones laborales y por procedimiento interno, “curiosamente” la Secretaria de la Función Pública “casi” no tiene ingerencia en estos asuntos, aún cuando a la vista estén claros los actos de corrupción.
Los Órganos Internos de Control de todas las dependencias federales “supuestamente hacen auditorias administrativas para detectar las ineficiencias” ¿pero curiosamente no encuentran nada de los anteriores señalamientos de corrupción?, por ejemplo, en el caso de Nafin el propio personal del OIC utiliza del mismo servicio médico institucional que los empleados, por lo tanto, “tiene pleno conocimiento de las irregularidades que están a la vista de todos” y no sanciona estas acciones ilegales, ¿cómo puede crecer un país, las instituciones y el bienestar de la gente si están funcionando las dependencias públicas bajo un esquema de corrupción a gran escala todos los días? ¿ qué será mas grave y que le hace más daño a México; el daño que ocasionan estos funcionarios públicos como un poder fáctico ilegal, la delincuencia organizada o la droga?
Carlos Munguía Rodríguez
pluma_dorada1@hotmail.com
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