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Tras el reclamo de una pobladora del municipio de Carrillo Puerto al presidente Felipe Calderón, sobre la supuesta gratuidad de los servicios que tanto predica, con el Seguro Popular, vuelven a salir a la luz los cuestionamientos sobre la eficacia de los programas impulsados por el gobierno federal
Por Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
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| El presidente Felipe Calderón y el gobernador Roberto Borge. |
Cancún, Q. Roo., a 31 de enero de 2012.-La escena ya es conocida: durante su visita al municipio quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, el 12 de enero pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado por una habitante del municipio de Carrillo Puerto. Le reclamó airadamente un cobro injustificado en el Hospital General a pesar de contar con el Seguro Popular. Alto en reflejos, Calderón no tardó en apuntar al gobierno estatal, poniendo en entredicho el buen uso de los recursos.
Mercedes Hernández Rojas, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), estaba junto al presidente y recrea el tenso momento. Detalla que Calderón volteó a ver al gobernador, Roberto Borge, y lo interrogó: “a ver señor gobernador, qué me tiene que decir al respecto”. El gobernador respondió: “nosotros la vamos a atender de inmediato a la señora”.
Después caminaron y sostuvieron una breve plática en privado. “Yo creo que el presidente dio una indicación puntual a la Secretaría de Salud federal porque algo va a resultar de esta situación”, asegura la delegada federal.
Y es que políticos y organizaciones civiles coinciden en la importancia de poner candados a los recursos federales, pues al menos en el tema de salud, no cuentan con delegados atentos a cada programa.
De hecho, en el último informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que incluye los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, detectó anomalías por cerca de 3 mil millones de pesos en los recursos que ese año se entregaron a los estados para la operatividad del Seguro Popular.
De las 32 auditorías practicadas -una a cada estado- la opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 14 de ellas y con salvedad para 18. Dentro de las anomalías detectadas se encuentran la falta de transparencia de las Reglas de Operación, pues no establece los plazos para que se presenten las solicitudes de recursos; la resolución acerca de la viabilidad de los proyectos; la autorización de solicitudes; el envío de informes de los recursos y la formalización de los convenios de colaboración con las entidades federativas.
Alfonsa Zituk es la mujer de edad avanzada y rasgos humildes que denunció ante el presidente que en el Hospital General de Carrillo Puerto le habían pedido 106 pesos para atender a su hijo. “Yo les digo, para qué dicen que hay Seguro Popular, no es cierto que hay Seguro Popular porque lo llevé y son 106 pesos, me cobraron”.
El mandatario federal explicó, ante la mirada de la agraviada y el gobernador, que el gobierno estatal es el encargado de ejecutar el programa, destinar la infraestructura y los recursos humanos. “Lo voy a revisar”, comentó y señalando al gobernador dijo: “él es el que tiene que dar la salud”.
En septiembre del año pasado en su visita a Chetumal, aprovechó la oportunidad para hacer un señalamiento al secretario de Salud en Quintana Roo, Rafael Humberto Alpuche Delgado y al gobernador Roberto Borge. “Recuerden que bajamos mil 300 millones de pesos nada más a Quintana Roo para que cumplan con el objetivo de salud”. Y lo repitió en su discurso que dio en el Hospital Morelos. “Por cada afiliado al Seguro Popular, el gobierno federal paga una cantidad al estado. De tal manera, que hoy, el estado de Quintana Roo, recibirá unos mil 300 millones de pesos al año, por el Seguro Popular para, precisamente, poder mejorar poco a poco la calidad del servicio de salud que prestan ustedes”, declaró.
Es inimaginable que un programa federal (que para este año contará con un presupuesto de 430 mil millones de pesos) siga teniendo deficiencias no sólo de carácter social, sino administrativo, tan así que el secretario de Salud del estado ha afirmado que se debe ser muy eficaz y transparente en el ejercicio de estos recursos.
La opacidad en el uso de los recursos
Según el artículo Pesos y Contrapesos, realizado por la asociación Fundar y Briseida Lavielle, se debe tomar en cuenta el dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación para detectar las partes más vulnerables de este programa.
De estos, señala el texto, quizás el que mayor descontento provoca es el que se refiere para el acceso efectivo a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pues los resultados muestran que el 94.8 por ciento de los beneficiarios encuestados adquiere con sus propios recursos los medicamentos que le faltan; el 48.1 por ciento no está satisfecho con el tiempo de espera para recibir atención médica; el 29.9 por ciento consideró que no es fácil conseguir una cita médica, y el 23.6 por ciento manifestó no estar conforme con las instalaciones y el equipamiento de la unidad de salud.
Si bien, los servicios de salud dependen de cada entidad federativa, es la Secretaría de Salud estatal quien recibe los recursos, los ejecuta y evalúa su efectividad. Este sistema en el que se es “juez y parte” ha sido criticado por varios legisladores, dado que les entregan recursos a los estados sin una manera eficaz de poder auditarlos.
Una visita al Hospital General de Benito Juárez, ubicado en la ciudad de Cancún, es suficiente para comprobar que diariamente se dan cita cientos de personas en busca de una consulta o remediar una urgencia, para constatar el descontento entre la población por el mal trato y la queja más recurrente: la falta de medicinas.
Irma Valenzuela, quien vive en la Región 232, dice no entender por qué, además de no tener medicinas, cuando las hay, se las quieren cobrar. “Me tengo que trasladar en taxi, y gasto dinero, todo para llegar y no haya medicinas, prefiero ir a las farmacias, ahí saliendo tienes los medicamentos bien baratos”.
María Pérez habla de los malos tratos que ofrece el Hospital General. Ingresó a su hija a las siete de la tarde y 24 horas después nadie le daba razón de ella. “El Seguro Popular nos quita el peso del dinero, pero la atención es muy mala, son muy déspotas”.
La señora Rosa se siente muy agradecida por contar con el Seguro Popular, sin embargo, coincide en señalar el mal servicio en las clínicas de salud. “Te dan la consulta, sí, pero para sacar la ficha debes formarte desde las tres de la mañana, eso no se vale”.
Gestor de Servicios de Salud del Hospital General de Cancún y encargado del Seguro Popular en ese centro médico, Cristian Aguilar González, señala por su parte que a veces la gente no sabe cuáles son los padecimientos que cubre este seguro, así como los alcances en materia de medicamentos.
Comenta que a pesar de que se cubren muchas operaciones, las transfusiones de sangre durante la cirugía corren a cargo del paciente, además, cuando se necesitan los servicios de algún especialista que no trabaja en el estado, se les canaliza a un hospital en Mérida, un traslado que mucha gente no puede pagar.
Asimismo, explica que existen personas que llegan a afiliarse a pesar de contar con algún otro seguro. “Hay gente que tiene IMSS y viene a sacar su seguro”, lo cual, es claramente violatorio al reglamento, pero aclara que no hay forma de conocer quién cuenta con ISSSTE o IMSS.
“Nosotros no tenemos acceso a ningún padrón de seguros, no podemos saber si cuentan con algún tipo de seguridad social, a nadie se le niega el servicio, además en Cancún, debido a los empleos temporales, hay veces que la gente está asegurada por dos meses sí, dos meses no”, subraya Aguilar González.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro, ha consignado ante la prensa en varias ocasiones que en la operación del Seguro Popular existe una gran corrupción. “Aunque la estrategia estuvo bien concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, se cometió el error de dejar la administración a los gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los recursos”.
Sobre la posibilidad de que la propia Federación fiscalice el uso del presupuesto, Saro explicó que existe el obstáculo de la autonomía estatal. Las investigaciones, si se realizan, dependen de las mismas autoridades locales.
La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes Hernández Rojas, señala que durante las visitas a las regiones rurales más necesitadas, como parte del Programa Oportunidades, el reclamo recurrente de la gente es en materia de salud. “La carencia de médicos, los medicamentos que nunca llegan, esas situaciones marcan nuestra experiencia en las regiones”, relata.
“Yo, como presidenta del Comité de Desarrollo Social en el estado, hago énfasis que la Secretaría de Salud del estado debe acrecentar sus esfuerzos; ellos son los que tienen que contestar cuando hay un reclamo. Con mil 300 millones se puede hacer que los médicos estén oportunamente en las localidades, la gente tenga asistencia médica”, manifiesta la panista.
Y deja en claro que el responsable de los rezagos en materia de salud y bienestar social, no sólo es el gobierno federal, pues en este caso también tienen responsabilidad el gobierno del estado y de los municipios.
Nadie está exento
Con un presupuesto cercano a los mil 400 millones de pesos, la delegación de la Sedesol en Quintana Roo reconoce que estos recursos no están exentos de caer en irregularidades con intermediarios que extorsionan a la población para sacar beneficio propio o asignarles a discreción estos recursos a particulares.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene en marcha en el estado los programas 70 y Más con una inversión de 32 millones; Hábitat con 83 millones 948 mil 324 pesos, mientras que el programa Oportunidades se estima en 608 millones de pesos.
En casos de corrupción ligados con la secretaría, quizás el que más impacto tiene es el que se refiere a la malversación de más de 10 millones de pesos asignados para viviendas en la zona continental de Isla Mujeres.
La titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico del municipio, Atenea Gómez Ricalde, fue acusada de otorgar 200 inmuebles con el programa denominado Tu Casa 2011, a militantes y líderes panistas, además dejó en evidencia que más de tres integrantes de una misma familia recibieron el apoyo.
Otro caso en que se vio inmiscuida esta Secretaría fue el del ex diputado local del PAN y actual delegado de la Secretaría del Trabajo, Rogelio Márquez Valdivia, señalado por defraudar presuntamente a 300 personas a través de una empresa que les pidió dinero para ingresarlos en el padrón de beneficiarios de las viviendas otorgadas por la Sedesol .
De hecho, la mayoría de las denuncias ante la PGR son de personas que se asumen en las comunidades como representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y engañan a los habitantes con falsas promesas de lograr un trámite efectivo en cuestión de vivienda.
Mercedes Hernández asegura que es muy complicado tener el control de los recursos federales, pues se necesita contar con una vigilancia constante y no siempre bastan los 140 coordinadores e inspectores del organismo.
“Una obra que no se vigila es una obra que corre el riesgo de no ejecutarse”, afirma la panista. Y detalla que su equipo de trabajo forma una contraloría social con los vecinos de las comunidades en las que trabajan dando el seguimiento de la obra que realiza el municipio y ellos hacen las visitas.
Con anterioridad, Sedesol había señalado que municipios como Benito Juárez, se mostraban reticentes a apoyar en la implementación de programas para construir habitaciones populares.
El regidor Rafael Quintanar asevera que el gobierno federal, “pichicatea” con criterios electorales lo que le entrega a cada estado y de qué manera.
En el mismo rubro, el perredista explica que existen muchos problemas con los programas sociales federales que competen a los tres niveles de gobierno. En principio, el municipal no cuenta con un censo confiable ni un análisis de cuáles son los rubros que se necesitan para poder hacer frente a las necesidades de Cancún.
Quizás otra de las acusaciones que más revuelo causaron fue la hecha por Raymundo King de la Rosa, presidente del PRI en Quintana Roo, quien denunció que los recursos y programas operados por la Sedesol se utilizaban con fines electorales y pidió al Congreso de la Unión que se auditara a la delegación.
Por este hecho, el PAN arremetió contra el priísta acusándolo de “difamador” por no presentar una denuncia formal ante la PGR. “En su momento hicimos el señalamiento y estamos recabando la información para tomar acciones contra estas medidas” asegura King, midiendo el sigilo de cómo los enfrentará “No voy a caer en las provocaciones del PAN. Nosotros vamos a hablar en su momento y no vamos a caer en la confrontación pues se trata de aumentar el nivel de debate”, juzga.
¿Qué es el seguro popular?
Este programa federal fue implementado durante el sexenio del presidente Vicente Fox con el que se planeaba cubrir los servicios médicos de la población más vulnerable que carece de algún tipo de seguridad social. El programa piloto inició en Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Zacatecas y Campeche.
En Chetumal y Cancún inició operaciones en agosto de 2002, pero fue hasta 2004, una vez reformada la Ley General de Salud, que entra en vigor a nivel nacional y en ese mismo año se firma en Quintana Roo, el acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.
Ya en el periodo de Felipe Calderón, se le asignaron 52 mil millones de pesos al programa con la intención de que atendiera a la mayor parte de población que carecen de estos servicios.
El Seguro Popular cubre más de mil 400 enfermedades que están relacionadas con especialidades como ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación, estomatología, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, salud mental, adicciones y urgencias. Además de acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas y cirugía general.
Los requisitos para afiliarse son residir en el país, no contar con ningún otro seguro, ya sea ISSSTE o IMSS, así como pagar una cuota familiar dependiendo del resultado de un estudio socioeconómico y que comprende 10 niveles, de los cuales los cuatro primeros están exentos de pago y los siguientes 6 van desde 2 mil pesos hasta los 11 mil 300 pesos.
Web de la revista Luces del Siglo: www.lucesdelsiglo.net
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