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* Además, ganaron en primera instancia el litigio interpuesto en su contra por presunto daño moral
México, D. F., a 8 de febrero de 2012
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Vecinos dicen que ya no hay excusa ni pretexto de ninguna clase, para que se cumpla con la sentencia y ordene la clausura definitiva y demolición de la gasolinera construida en Insurgentes Sur 4097. |
Tras haber ganado todas las instancias en tribunales, los habitantes del Conjunto Residencial Tlalpan II anunciaron esta mañana que reiniciarán su movilización ciudadana de manera pacífica, pero con todos los elementos a su alcance, con el fin de que el Gobierno del Distrito Federal, ahora sí, sin excusa ni pretexto de ninguna clase, cumpla con la sentencia del 7 de junio de 2010 y ordene la clausura definitiva y demolición de la gasolinera construida en Insurgentes Sur 4097.
Asimismo, exigirán ante quien corresponda, que se tomen las medidas a que haya lugar “a fin de que se castiguen los actos de omisión, error o ineficiencia o los que resulten en la aplicación de las leyes del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano en las que incurrieron funcionarios públicos y delegacionales del Distrito Federal, ante la evidencias detalladas por las altas autoridades del país encargadas de proteger los derechos legítimos de los ciudadanos de este nuestro extraordinario país. La Justicia con equidad, se ha aplicado demostrando con esta resolución, que si existe”, destacó su vocero Javier Méndez Guzmán.
Anunciaron que en breve iniciarán los trámites necesarios para establecer la destitución y juicio político a Higinio Chávez, Jefe Delegacional en Tlalpan, quien siempre incumplió con su deber como funcionario público al hacer caso omiso a sus demandas e incluso, al litigar en contra de ellos y a favor del empresario gasolinero.
Los vecinos de Tlalpan que iniciaron su movimiento hace 26 meses contra la instalación irregular de una gasolinera a un lado de sus viviendas, lograron ganar las tres instancias judiciales: el 7 de junio de 2010 en la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el 24 de noviembre de 2010 en el 2° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 19 de octubre pasado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos desechó el recurso de revisión al amparo directo interpuesto por el dueño de la estación de servicio.
El grupo de condóminos insiste en que las autoridades deberán dejar sin efectos la Manifestación de Construcción y, al dictaminar el tribunal que se deben “regresar las cosas al estado en que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la estación de servicio de gasolinería”, quiere decir que no debe existir tal estación de servicio, por lo que debe demolerse.
Steven Czitrom, presidente de la mesa directiva del condominio Tlalpan II y quien agradeció el apoyo de los medios de comunicación para su movimiento, expresó que van a “urgir a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que dejen las cosas como estaban hasta antes del inicio de la construcción”.
“Somos reiterativos sobre este punto porque ha ocurrido ya, en administraciones anteriores, que pese a las resoluciones de las mismas autoridades de Gobierno, clausurando las instalaciones que ponen en riesgo la vida de los vecinos como son gaseras o gasolineras, las construcciones quedan ahí y al paso de los meses mediante los clásicos subterfugios jurídicos que todos conocemos, y como fue en nuestro caso, estas instalaciones son puestas en servicio”, expresó Javier Méndez Guzmán a nombre de sus compañeros.
Recordaron que esta gasolinera comenzó a fraguarse durante la administración de Guillermo Sánchez Torres como Jefe Delegacional en Tlalpan y fue consentida por su sucesor y miembro del mismo equipo político, Higinio Chávez. Hoy Sánchez Torres es presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa y, desde allí, cada fin de legislatura, cuando vienen los procesos electorales y mientras todo el mundo está entretenido con las candidaturas, se realizan cambios en los usos de suelo que benefician a unos cuantos políticos y empresarios y dañan a la ciudad y a sus ciudadanos.
Los vecinos advirtieron: “el litigio acabó y esperamos las acciones del Gobierno de la ciudad. Caso contrario, haremos todo lo necesario que esté en nuestras manos, para que se cumpla”.
En su caso, el abogado Rolando Cañas Moreno destacó que el asunto de fondo ya no puede ser modificado y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberá emitir una nueva sentencia en los mismos términos que la anterior y reforzarla con opiniones derivadas por las revisiones posteriores.
Cañas Moreno resaltó que como un caso excepcional los tribunales aceptaron el interés legítimo de los ciudadanos, que si bien se encuentran contenidos en las leyes hace muchos años, difícilmente es acogido, salvo que haya una afectación directa al interesado.
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