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| Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez. |
México, D. F., a 15 de marzo de 2012.-Para la Fundación para la Libertad de Expresión las declaraciones realizadas por el Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, relacionadas con la agresión sufrida por el periodista Antonio Heras Sánchez el pasado 23 de febrero, son una mala señal que abre la puerta a la impunidad y deja a los periodistas en estado de indefensión y a merced de quienes se ven afectados por su trabajo.
El procurador declaró ayer 14 de marzo que la golpiza “se debió a una riña no fue en el tema de periodismo, es distinguir cuando está en el desempeño de sus funciones; simplemente una riña que van a confrontar un litigio y que será un juez el que determine una responsabilidad (sic)”.
Para la Fundalex los riesgos por el ejercicio del periodismo son inherentes al trabajo y una amenaza, las 24 horas del día, para quien lo ejerce, contrario a los que pueda tener, por ejemplo, un obrero o un profesionista que cumplen con sus funciones en un horario y zona de trabajo determinados, sobre todo cuando México es considerado por las Naciones Unidas como el país con mayor peligro para ejercer la profesión.
Heras Sánchez afirma que realizó una investigación por su cuenta y la persona que lo agredió está, al parecer ligada a la Policía Ministerial del Estado de Baja California.
En un informe dado a conocer ayer por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) donde se afirma que se consignaron ante jueces federales a 35 presuntos responsables de los cuales 30 cuentan con un perfil claro “siendo hasta ahora, los autores en su mayoría servidores públicos de los tres niveles de gobierno, incluso algunos con capacidad de mando y dirección de fuerzas policiales, al igual que funcionarios de procuradurías o ayuntamientos en el caso de homicidios”.
La violencia en contra de los periodistas y medios de comunicación en Baja California se ha incrementado en las últimas semanas y estas declaraciones en poco o nada ayudan para abonar un clima de seguridad y tranquilidad con el fin de que los periodistas y medios de comunicación cumplan con el derecho a la información que tiene la sociedad, en un ambiente de libertad de expresión.
Además de la agresión a Antonio Heras Sánchez, corresponsal del diario La Jornada en Baja California y director en Mexicali del portal En Línea ABC, los integrantes del portal de noticias Diez4 de la ciudad de Tijuana fueron amenazados de muerte por su actividad periodística. En una decena de mensajes escritos, los increpan por sus “putos reportajes de mierda” y les advierten que los harán “llegar en pedacitos pendejo, salva a tu familia”.
Las amenazas firmadas por “El Tío Juan” se hicieron durante la madrugada del 6 de marzo y al día siguiente los reporteros interpusieron la denuncia 2315/12/2111AP por el delito de amenazas, más aun cuando en una de ellas se cuestiona: “y luego porqué amanecen en bolsas cuartizados (sic)?
A finales de febrero, también el equipo del Semanario Zeta de Tijuana recibió amenazas de muerte del Cartel de los Arellano Félix, a través del lugarteniente Melvin Gutiérrez.
Igualmente la noche del 7 de marzo, el director del Grupo Imagen en Mexicali, Eduardo Pesqueira, fue víctima de un acto intimidatorio.
Motivado por las declaraciones del procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, Antonio Heras Sánchez acudió la tarde de ayer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, acompañado por integrantes de la Fundalex, donde se inició una investigación por la agresión al periodista, registrada el 23 de febrero en Mexicali, Baja California.
La fiscal Laura Angelina Borbolla instruyó la apertura de un incidente de oficio el pasado 7 de marzo a partir de notas periodísticas que documentaron este caso, el cual fue ratificado por el corresponsal de La Jornada ayer 14 de marzo.
Esta Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la Republica solicito a la Procuraduría General de Justicia de Baja California la entrega de copias certificadas de todas las constancias que constan en la averiguación NUC 0202/2012/07346, para la debida integración de la indagatoria que realiza la FEADLE.
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