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(*) Opinión del especialista
en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 30 de julio de 2012.-En México toda experiencia extranjera utilizada como herramienta de mejora, en
este caso de los agentes del orden, la tropicalizamos y hacemos de un buen
ejemplo, una práctica con muchas oportunidades de mejora. Hoy se trata del
denominado control de confianza que se quiere hacer ver cómo una especie de
“certificación” o “reconocimiento” de que los cuerpos de seguridad mexicanos
están mejor que antes. Eso no necesariamente sucede así. Veamos.
Primero. Los exámenes de control de confianza son un conjunto de pruebas
médicas, psicológicas y de aptitud. En los países democráticos esos exámenes
son realizados con parámetros en común para buscar más o menos los mismos
resultados, por expertos sujetos a su vez a exámenes periódicos y no
constituyen una herramienta única, sino parte de un todo que genera la “certificación”.
Para obtener el reconocimiento de referencia se requiere, además, de criterios
puntuales para resolver conflictos de interés, incompatibilidades, regulaciones
para traslado de pruebas, garantías de seguridad jurídica para los agentes del
orden y 440 rubros más aproximadamente, que incluyen lo que se llama la
auditoría legal para mejorar el sistema normativo de las secretarías de
seguridad pública y de las procuradurías de justicia, lo que en México, por
cierto no existe, sino de manera excepcional y con problemas de concepción como
fue el caso de Chihuahua o el mejor trabajo hecho por la Secretaría de
Seguridad Pública de Mexicali, Baja California.
En los demás casos incorrectamente se utiliza el mal aplicado examen de control
de confianza como sinónimo de “certificación” aprovechando el desconocimiento
poblacional y la necesidad de seguridad psicológica de los más amplios sectores
de la comunidad.
Segundo. Sostengo que los exámenes de control de confianza son inadecuados en
México por las siguientes razones: a) El personal que los practica casi en
todos los casos carecen del doctorado en su respectiva área de conocimiento; b)
El Personal que se encarga carece de obra académica arbitrada y publicada por
editoriales de reconocido prestigio; c) El personal encargado es nombrado y
removido libremente por la propia autoridad a la que rinde cuentas la
Secretaría de Seguridad Pública o Procuraduría General de Justicia en última
instancia; en otras palabras son juez y parte; d) No hay criterios objetivables
y transparentes de qué es lo que se busca con los exámenes y qué herramientas
se utilizan para el efecto; e) El personal que aplica los exámenes no son
objeto a su vez de exámenes de control de confianza por entidades expertas e
independientes.
Esto en su conjunto lo que genera es un círculo vicioso que aporta nuevos
instrumentos para la corrupción y la simulación. De esta suerte, un agente del
orden que no le entre con su mochada puede reprobar los exámenes y, por el
contrario, agentes del orden con las más altas calificaciones de corrupción
pasa con honores los exámenes de referencia.
Tercero. Hay un principio básico que sostiene que a mayor importancia social
mayor costo económico por actos de corrupción. Por ejemplo si deseo obtener una
cédula profesional de médico hecha por las propias instituciones médicas y la
SEP, donde aparece en la base de datos de la Dirección General de Profesiones,
tendrá un costo mayor que una cédula profesional de médico hecha con los mismos
materiales físicos, pero sin que obre en los registros de la SEP.
El examen de control de confianza ha incrementado sus costos en el mercado de
la corrupción incentivado de mala o buena fe por las autoridades. Se han
convertido en un “fetiche”. Según el Diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua “fetiche” significa “ídolo u objeto de culto al que se atribuye
poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos.
Por lo anterior, las “certificaciones” incluidos los exámenes de control de
confianza deberían hacerse por una institución independiente que cuente con
todos los recursos humanos y materiales como la UNAM, que podría crear un
equipo interdisciplinar rotativo junto a las principales instituciones
universitarias del país, todos con doctorado, miembros del Sistema Nacional de
Investigadores de Conacyt y obra publicada en sus áreas de especialidad.
Incluso así no se garantizaría la muerte de la corrupción, pero estoy seguro
que sería mucho menor que ahora.
Twitter: @evillanuevamx
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