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* Gabriel Bauducco, Lydia
Cacho, Cecilia Cota y Armando Ramírez han sido amenazados recientemente; a
Antonio Heras lo dejan desprotegido en Baja California y arrecian los ataques
al Grupo Norte-Reforma
México, D. F., a 6 de agosto de 2012.-En una etapa donde cada vez se agudiza más la intolerancia en contra de los
medios de comunicación y periodistas, se revela también que más allá de los
grupos de la delincuencia organizada, serían los funcionarios gubernamentales
de los tres niveles de gobierno y políticos, los probables autores
intelectuales de las agresiones y amenazas, motivadas por el trabajo crítico
hacia las distintas formas de corrupción con las que realizan su trabajo o
actividades.
La Fundación para la Libertad de Expresión exige a las autoridades de
procuración y administración de justicia y a los tres niveles de Gobierno, una
real y comprobable voluntad política para cerrar la puerta a la impunidad,
motivo principal del actual clima adverso para ejercer la libertad de expresión
y garantizar el derecho a la información.
El periodista amenazado más reciente, el editor en México de Play Boy, Gabriel
Bauducco, en un video publicado el viernes 3 de agosto, deja muy claras las
fuentes de las que habrían remitido amenazas a su correo electrónico: “Hemos
entregado a nuestros lectores contenido periodístico de calidad y producido
responsablemente. En los últimos meses hemos publicado crónicas de acarreados
en los mítines políticos, burocracia en el IFAI, la tortuosa entrada de los
visitantes a las cárceles de México. No sabemos cuál de todos estos contenidos
o algún otro originó” las amenazas, dijo.
La carencia de compromiso para acabar con la opacidad en las investigaciones
vinculadas con los periodistas y medios de comunicación y la consecuente
impunidad, son un mensaje de aliento para quienes pretenden coartar el flujo de
las ideas y expresiones, como ocurre con el caso del periodistas Antonio Heras
Sánchez, corresponsal de La Jornada, cuyo agresor del pasado 23 de febrero en
Mexicali, se encuentra confeso.
Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE), que asumió el caso por las gestiones realizadas
por la Fundalex, habría integrado mal el expediente al no fundar ni motivar las
causas para que la agresión al periodista fuera atendida en el ámbito federal
por el delito de lesiones agravadas, mientras la procuraduría local desestima
los hechos como un asunto vinculado con el ejercicio periodístico del también
director y columnista del portal enlineabc.com,
en la capital del estado de Baja California.
En la audiencia del pasado 11 de julio, la juez XV de Distrito del Poder
Judicial de la Federación, María Elizabeth Acevedo Gaxiola, se declaró
incompetente para atender el expediente 279/2012, resolución confirmada cinco
días después.
“Estamos analizando si pedimos un amparo”, dijo Heras Sánchez, “porque ésta
resolución me deja en total indefensión, además que emite un mensaje de
impunidad, tal y como en su momento lo generó con su actuación la propia
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California”.
Otro caso reciente es el de la periodista Lydia Cacho, quien el viernes 27 de
julio recibió una llamada a tu aparato de radiocomunicación donde una voz
masculina le exigió que dejara de inmiscuirse en sus asuntos: “no te metas con
nosotros o te vamos a mandar a casa en pedacitos”. No es la primera vez en 2012
que Lydia recibe amenazas: en junio fue blanco de dos, una por correo
electrónico y otra por teléfono.
La periodista ha sido amenazada y fue secuestrada y encarcelada por el gobierno
de Mario Marín Torres en Puebla, producto de sus denuncias por trata de blancas
por personajes cercanos al ex gobernador. Cacho anunció que ha salido del país
porque su vida corre peligro.
El mismo 27 de julio la reportera Cecilia Cota Carrasco, trabajadora de El
Diario de Sinaloa, fue amenazada públicamente en Culiacán por el dirigente
campesino Serapio Vargas, ex candidato a diputado por el partido Nueva Alianza.
La amenaza surgió durante una entrevista concedida a petición del líder,
después de que la reportera había publicado que Vargas encabezó una protesta de
campesinos en el Congreso estatal con el objetivo de suspender una sesión el 24
de julio.
Vargas Ramírez encaró a la reportera desde el inicio de la entrevista y le dijo
que había usado todos sus mecanismos para saber quién era ella. “Tú no tienes
ni la menor idea del líder con el que estás hablando, porque este líder
encabezó una quema de una panga en el 2002 con más de mil pescadores y soy
capaz de muchas cosas [...] tengo a toda tu familia ubicada en el face[book]...
estamos checando algunas cosas”, le advirtió.
Otro caso es el del director del grupo NotiDF en Internet, en el Distrito
Federal, a quien el sábado 28 le enviaron el siguiente mensaje a su teléfono:
"O quitas el reportaje contra los patrulleros de Tláhuac los tengo
ubicados a ustedes pendejos y a to...da su familia no supieron con quien se
metieron otro reportaje como el q sacaron se muere toda su familia
pendejos".
El periodista expresó que las extorsiones se comenzaron “a reportar días
después de que se llevó a cabo el cambio de jefe del sector (de la policía de
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el área de Tláhuac),
lo que preocupa que puedan darse aún más casos como este".
Y el ataque en contra del diario Sierra el domingo 29 en San Pedro Garza
García, se suma a los simultáneos del pasado día 10 de julio contra Linda Vista
de Guadalupe y La Silla de Monterrey, los tres del Grupo Norte-Reforma. Fue el
sexto ataque contra la empresa en dos años, los cuales se suman a la incursión
en el hogar del director editorial Lázaro Ríos el pasado 22 de mayo en el
Distrito Federal.
Estos ataques en contra de los periodistas y medios de comunicación y la
impunidad con que se cometen porque no existe castigo para sus responsables —ni
hoy ni los cometidos en meses pasados—, a la vez que desalienta el ejercicio de
la crítica y señalamientos periodísticos, ofrece el estado de cosas idóneo para
que las agresiones se incrementen.
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