• Héctor
Orozco Fernández, al frente del SAE
• Profesionalismo,
discreción y honestidad
• Los
bienes, ya no son “botín de guerra”
Por Juan Jacobo Cázares G.
Hasta finales del siglo
pasado el Estado no contó con una institución que garantizara un manejo
ordenado y honesto de los bienes incautados, embargados o de dependencias y empresas
gubernamentales que por diversas razones fueron desapareciendo.
Los bienes que
históricamente se llegaron a decomisar, embargar o incautar por autoridades con
atribuciones para tales funciones, como
la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y el
Instituto Mexicano del Seguro Social; o bienes y valores que por cuestiones
jurídicas pasaban a formar parte del patrimonio del Estado, llegaron a
constituirse en “botín de guerra” que generó incontables riquezas personales, lo que
se llego a descubrir cuando los ex funcionarios públicos
convertidos en nuevos ricos enfrentaron problemas judiciales.
Resulta inimaginable la
cantidad de bienes que debieron haber surgido en el periodo gubernamental del
Presidente Miguel de la Madrid, cuando debido a la implementación de una
política de adelgazamiento del sector público se decidió la desaparición de más
de mil organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
No existen informes
certeros y confiables que den cuenta de los ingresos que las finanzas
nacionales tuvieron, por la venta de los bienes que fueron patrimonio de los
organismos o empresas públicas, que se
eliminaron durante las administraciones gubernamentales de Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. De lo cual no se puede inculpar a
los mencionados ex presidentes de la República, sino a la estructura
gubernamental que en su diseño no incluía una dependencia capaz de administrar
bienes provenientes de organismos o empresas públicas en extinción.
La carencia de políticas
públicas y una estrategia adecuada para
fortalecer los programas y mecanismos de control, vigilancia y conservación de
los bienes decomisados, embargados o de empresas en liquidación, terminó en el
año 2002, cuando entró en vigencia la Ley Federal para la Administración y
Enajenación de Bienes del Sector Público y se creó el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Paralelamente, durante la
última década, se ha ido formando un grupo de servidores públicos que han hecho
su profesión la administración de los
bienes que antes eran considerados
“botín de guerra”.
Uno de los profesionales
que ha destacado en la administración de ese tipo de bienes, es el Contador
Héctor Luis Orozco Fernández, quien fue nombrado recientemente por el
Presidente Enrique Peña Nieto y por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso, Director
General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, lo cual es un
reconocimiento al profesionalismo que ha demostrado durante casi 13 años
liquidando empresas y organismos gubernamentales y administrando bienes
incautados, embargados o decomisados.
Para la elaboración de
esta Barahúnda Política, hice una pequeña
encuesta entre algunos colegas que cubren el sector financiero, quienes
coinciden en señalar que la lógica que se utilizó en la decisión del
nombramiento del Licenciado en Contaduría
y Finanzas por la Universidad Panamericana y Maestro en Alta Dirección
de Empresas por el IPADE, Héctor Luis Orozco Fernández; de designar a un experto al frente de una
institución tan importante como el SAE por la función pública y social que
tiene; debería repetirse en otras
instituciones donde se requiere trabajo eficiente y de resultados más que otra
cosa, porque de esa manera se garantiza que la institución administrada por un
experto, por lo menos conscientemente,
no se utilizará como trampolín político.
El Contador Héctor Orozco
Fernández, es un servidor público discreto, que ha destacado por su
profesionalismo y no por su protagonismo, aunque ha tenido oportunidad para
hacerlo, por ejemplo el debate sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro o
sus diversas presentaciones en la Cámara de Diputados.
En conclusión, desde hace
poco más de una década, los bienes de
organismos o empresas en liquidación o embargados, incautados o
decomisados; dejaron de ser “botín de
guerra” para convertirse en bienes celosamente cuidados y administrados por el
SAE hasta su destino final (venta, donación, destrucción…) y en la construcción
de la infraestructura institucional, metodologías y procedimientos, han contribuido un grupo de expertos que se
han formado en la última década en esa materia, uno de ellos, el Contador
Público Héctor Orozco Fernández, quien ha sido designado recientemente por
voluntad Presidencial, Director General del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes de la SHCP.
En la próxima Barahúnda
política le contaré lo que hace el SAE y de las empresas que tiene bajo
custodia…
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