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Por José Pedro Santiesteban Oliva
La empresa constructora III Services explicó que a partir del 1 de septiembre de 2010, se hizo cargo de la construcción de la Estela de Luz para conmemorar el bicentenario de la independencia de México, una vez que la empresa inicialmente elegida no cumpliría con lo pactado para entregarla en la fecha del 15 de septiembre; y se estableció como plazo de terminación a más tardar el 31 de diciembre de 2011. A la fecha la empresa muestra su programa de obra y el avance, en donde señala que van dentro de lo razonable como para hacer suponer que finalizarán el trabajo de acuerdo al compromiso.Qué hay detrás de este proyecto, hasta donde se sabe el proyecto fue ganado por un grupo de arquitectos y uno de ellos colaboraba con la empresa constructora inicialmente ganadora de la licitación correspondiente. Al parecer las condiciones del contrato no especificaron con claridad los alcances, el plazo y los compromisos; mucho menos la fecha de entrega terminación, lo que deja muy mal parado a quien sea responsable de su licitación por parte del gobierno federal, y merecedor de la aplicación irrestricta de la ley de responsabilidades para los servidores públicos.
Lo más elemental nos conduce a suponer que para esto y para cualesquier otra obra del sector público se deben de cumplir con los lineamientos y las normativas legales que ya existen y están vigentes; sin embargo, al parecer no se procede de una manera natural a dirimir al respecto. Primero, para qué se va a construir un monumento para una celebración determinada que será entregado en una fecha posterior, por qué el monumento no respeta al menos la tan mencionada preocupación por el calentamiento global, cuando para su funcionamiento requiere de un enorme consumo de energía eléctrica, y por qué se le delega la responsabilidad a una dependencia poco familiarizada con las licitaciones de obra pública tal y como ha quedado de manifiesto con esto y las obras de restauración del Palacio de Bellas Artes, que tanta polémica han levantado y solo por mencionar estos botones de muestra.
El sentido común nos lleva a que primero se debió de permitir que el responsable inicial cumpliera con el pacto acordado en la fecha del 15 de septiembre de 2010, y de no hacerlo proceder a la aplicación de todas las armas legales para la reparación del daño a la nación. Dado que la índole de la obra era conmemorativa de un acontecimiento, no se debió de proceder a continuar y menos aun cuando el costo de la misma se elevaba al tiempo que ya no representaría nada y el monumento bien podría esperar hasta dentro de 100 años para que coincidiera con la siguiente efeméride. Si a lo antes descrito se añade que la obra tiene un elevado porcentaje de componentes extranjeros (el 65% del costo); las condiciones económicas del país y las enormes carencias de infraestructura que con este dinero se pudieron habilitar, resulta a todas luces ofensivo y al margen de la sensibilidad lo que se hizo y se hace para terminarla.
No cabe duda que como explicaba el director de la empresa constructora, el dinero que ellos han recibido en buena medida se encuentra enterrado para conformar la cimentación que soportará el monumento de marras; sin embargo uno se pregunta si no hubiera sido más representativo, enmarcar el avance de la obra al 15 de septiembre de 2010 como una muestra de la situación en que nos encontramos, a saber: el agujero representando las innumerables fosas que día con día aparecen, la falla geológica que algunos señalan, como las de nuestros gobiernos; el estrato de transición que señala la constructora como la transición fallida que tenemos y el cieno que allí se encuentra como la enorme corrupción que existe en el país; es tan solo una propuesta que debió de ser puesta en la mesa de discusión antes de proseguir con el despilfarro.
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