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Legisladores de PAN y PRD calculan que si el Congreso acata el resolutivo del IFE, en menos de un mes Félix González debe ser castigado con la inhabilitación y perdería la candidatura
Por Agustín Ambriz / Luces del Siglo
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| Félix González Canto junto
con el también ex gobernador, pero éste de Coahuila, Humberto Moreira, "que bonita familia". |
Cancún, Qna. Roo., a 16 de abril de 2012.-Despreocupado porque va prácticamente
solo en la contienda por la segunda senaduría, el ex gobernador Félix González
Canto desdeña los alcances de la resolución del Consejo General del Instituto
Federal Electoral (IFE) que lo declara culpable y ordena, tanto al Congreso
como a la Contraloría de Quintana Roo, enjuiciarlo por promover su imagen con
recursos públicos.
“Seré senador, ya no importa lo que digan o hagan en mi contra”, reparte
insolente entre sus estrategas de campaña. Su relajado optimismo llegó después
de haber orquestado el aniquilamiento, por la vía de las amenazas y el acoso
judicial, de quien se perfilaba como su mayor contrincante y puntero en las
encuestas, el candidato de las izquierdas Gregorio Sánchez Martínez, contra
quien se ejerció todo el poder del estado para que se desistiera de la
contienda.
El descarrilamiento de “Greg” fue un alivio para el ex gobernador, quien tenía
todas las de perder en una contienda limpia, pues además del desprestigio
propio debe cargar también con el de su aliado, Jorge Emilio González, “El Niño
Verde”. Ser candidato por la segunda fórmula lo traía especialmente
desquiciado, pues en caso de perder las elecciones no le alcanza para ocupar
una curul del Senado, como sí ocurrirá con el ex presidente del Partido Verde
Ecologista de México, quien fue favorecido para competir por la primera senaduría.
Antes de aniquilar a su mayor adversario, Félix echaba chispas todo el día
contra sus operadores de campaña porque no levantaba en las encuestas y se le
acumulaban las denuncias por corrupción. Resentido por la preferencia que
mostró Peña Nieto hacia “El Niño Verde”, el ex gobernador Félix González, como
es su estilo, emprendió una guerra mediática sucia contra su compañero de
fórmula hasta que fue reprendido por el propio candidato presidencial. No tuvo
otra que bajarle y aceptar callado la segunda posición.
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| Ratificación de juicio
político por diputados de la oposición en el Congreso de Quintana Roo, tras la ratificación de que Félix González utilizó recursos públicos de manera ilegal para promocionar su imagen. |
Por eso su principal objetivo, antes de salir públicamente a pedir el voto, era
aniquilar a su adversario, para tener libre el camino, sin competidores de
peso. “Vamos a ganar. Lo del IFE es intrascendente”, se jacta ahora durante los
diferentes actos públicos a los que, de puro trámite, llega a bordo de su
camioneta para repartir playeras, gorras y vasos hasta en colonias y poblados
que nunca visitó como gobernador y, ahora como candidato a senador, entra con
costales de falsas promesas.
Pero si la candidatura de Félix todavía está en riesgo, no es por proyectiles
de sus adversarios sino por errores de sus estrategas de imagen. La resolución
del IFE que lo declara culpable de violar el artículo 47, fracción III, de la
Constitución de la República – que prohíbe a los funcionarios públicos
publicitar su imagen con recursos públicos–, se la debe a su ex vocero Jorge
Acevedo Marín, actual director del Sistema Quintanarooense de Radio y
Televisión.
Contra ambos funcionarios, el IFE ordenó al Congreso y a la Contraloría del
estado iniciar el proceso para sancionarlos. Por tal motivo, hace dos semanas
legisladores de oposición presentaron la correspondiente demanda de juicio
político ante la Comisión de Justicia, la cual deberá emitir una resolución al respecto
para, posteriormente, someterla a votación del pleno.
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| El IFE ordenó al Congreso y
a la Contraloría del estado iniciar el proceso para sancionarlo y por esto mismo los diputados de la oposición ratificaron el trámite. |
Como la integración de esta Comisión es de mayoría priísta y se advierte de
antemano que votarán en contra de cualquier sanción contra Félix González y
Jorge Acevedo, la oposición prevé recurrir a otras instancias federales para
que el caso no quede impune.
Por lo pronto, la versión que ha intentado permear en la sociedad su equipo de
campaña es que el ahora candidato dejó de ser sujeto a responsabilidades debido
a que ya pasó el año que la ley da de plazo para promover cualquier actuación
de un funcionario público. Félix González entregó el poder a Roberto Borge
Angulo el 5 de abril de 2011 y por lo tanto ya está exento de cualquier juicio
de índole administrativo, según su defensa.
En tiempo y forma
La oposición en el Congreso de Quintana Roo desmiente al ex gobernador y a su
equipo. Con documentos, debidamente sellados, demuestran que el juicio político
se promovió el pasado 29 de marzo y admitido el 3 de abril, es decir, días
antes de que caducara el plazo legal.
El diputado perredista Antonio Meckler dice en entrevista que la versión de la
caducidad del caso ha sido difundida engañosamente por el propio candidato
priísta, cuyo inmenso poder económico y político le permiten seguir controlando
el estado a su antojo.
“Aquí no hay vuelta de hoja: Félix es un culpable. Nosotros no lo vamos a
acusar porque eso ya lo hizo el IFE, lo que nos toca al Congreso es determinar
y aplicar la sanción. En la demanda de juicio político estamos pidiendo
inhabilitarlo para ocupar cualquier cargo público. Esto implicaría que tiene
que dejar la candidatura para someterse a juicio”, dice.
Principal impulsor de la demanda contra el ex gobernador, Meckler señala que
los defensores de Félix, “sus voceros”, cuestionan las formalidades del proceso
de juicio político pero no el fondo del asunto, que tiene que ver con que si
Félix es o no culpable. “Nadie dice: Félix es inocente. Lo que argumentan es
que el juicio es extemporáneo”.
El legislador perredista refiere que hasta ahora no ha habido una versión
oficial de los priístas. Todo ha sido por rumores de que el juicio ya venció.
Esas son declaraciones de la gente del PRI, no de la Comisión de Justicia que
es la que al final tendrá que determinar qué con este asunto.
“A lo que ellos le apuestan es a sostener el argumento de que la ley sólo
permite fincar juicio político a un servidor público antes de un año de que
haya dejado un cargo y entonces dicen que ya pasó el día 5, que fue la fecha en
que se venció el año de salir de la administración estatal y, por tanto, ya no
se le puede procesar.
“Lo que yo les respondo es que la sentencia del IFE fue el 9 de marzo y nuestra
solicitud de juicio político es del 29 de marzo, por lo cual el proceso se
inicia antes de que se cumpla el año. Ya cuando se resuelva es otra cosa.
Además, el proceso se inició con la ratificación que hicimos nosotros, entonces
la Comisión de Justicia tendrá que decir si la demanda se presentó en tiempo y
forma para después iniciar el juicio”.
– ¿El IFE nunca notificó al Congreso?
– No lo sé, esa es la información que ha ocultado la mayoría priísta, pero no
es argumento legalmente válido porque digamos que son resoluciones públicas. La
resolución está dada, ¿cuándo se notificó?, eso está en segundo plano, es un
mero acto formal.
– ¿Él está acorralado? ¿No hay forma de que quede impune?
– No hay forma, porque cuando la Comisión de Justicia decida declarar nulo el
asunto, nos vamos a los tribunales federales vía amparo. A ese nivel hay menos
corrupción y cochupos.
– ¿Va a llevar esto hasta las últimas consecuencias?
– Hasta las últimas. No es posible que un bandido del tamaño de Félix quiera
ser senador para seguir robando. ¿Cuáles son las sanciones? Inhabilitación. El
Congreso no puede amonestar, no puede meter a la cárcel, no puede regañar, el
Congreso lo único que puede hacer al fincar juicio político es inhabilitarlo.
“O sea no hay sanción mínima ni máxima. No le pueden hacer algo simbólico. Lo
tienen que inhabilitar. Procede el juicio político cuando se viola alguna ley,
en este caso violó la Constitución federal, la Constitución del estado y la ley
electoral. Y cuando la violación es reiterativa como fue el caso, al difundir
su imagen en 32 estados, causa una afectación al estado.
“En este caso el señor pagó promoción personal para todo el país porque en su
cabecita pretendía ser candidato de la Presidencia de la República. O sea, hay
afectación al erario del estado, hay violación reiterada y hay actividad por
violar la ley tanto federal como local, lo que pide la ley es lo que dijo el
IFE que había hecho”.
– ¿Cómo se ha tomado el asunto en el Congreso?
– Nosotros vamos por Félix, porque es culpable y no podrá seguir siendo
candidato.
– ¿Qué papel ha jugado el contralor del estado?
– Es lo que queremos ver, ya el IFE dijo que se ocuparon recursos para lo que
no debía y debe actuar en consecuencia.
– ¿En caso de no hacerlo, lo van a llamar a comparecer?
– Desde luego, lo vamos a mandar traer para que nos informe detallada y
oficialmente qué está haciendo al respecto.
Ojo de hormiga
El diputado panista Baltazar Tuyub narra las peripecias legislativas que
pasaron desde que el IFE hizo pública la resolución y los intentos de la
mayoría priísta del Congreso de Quintana Roo por escamotear el ordenamiento del
Consejo General de este órgano colegiado.
“Desde la fecha que emitió su dictamen el IFE hasta este momento, el Congreso
se ha hecho ojo de hormiga. No nos han dicho si ya fueron notificados. Atentos
a tal situación, los diputados de oposición nos adelantamos y promovimos la
demanda de juicio político, precisamente para que no se nos pasara el tiempo
que marca la ley para que un funcionario deje de ser imputable”.
Baltazar Tuyub refiere que este es “un juicio político distinto” porque el
Congreso no sancionará, sólo debe aplicar la sanción. El IFE ya lo hizo. Ahora
lo único que tiene que hacer el Congreso es evaluar qué tipo de sanciones
amerita Félix González. Se le tendría que inhabilitar para ocupar cargos
públicos en un futuro.
– ¿Qué sucedería si el juicio político prospera?
– Si esto prospera, como creo que va a suceder, se le tiene que suspender su
campaña y se le tiene que sustituir de la candidatura porque le propio IFE
califica estas conductas como una anticipación de la campaña y para ello sólo
hay una sanción, que es la inhabilitación.
– ¿No ve problemas a la hora de someterlo a juicio?
– Bueno, el principal problema es que la Comisión de Justicia es de mayoría
priísta, a pesar de estar encabezada por la panista Patricia Sánchez. Nosotros
lo que estamos vislumbrando es que traten el plan de desechar este juicio
político como improcedente, pero si eso se lleva a cabo, lo único que nos van a
dar los compañeros del Congreso son los elementos para impugnar esa decisión en
otras instancias con mayor independencia y autonomía.
“Supongamos que los diputados encuentran elementos para enjuiciar al ex
gobernador, entonces el Congreso se debe erigir en juez para determinar la
procedencia del juicio político. Eso sería independientemente de la posibilidad
que tiene todavía el PRD para informarle al IFE que en Quintana Roo no se ha
aplicado la sanción, entonces hay dos vertientes donde tenemos que caminar.
“Una vez que dictaminemos que Félix es responsable y se le condena a 10, 15 ó
20 años de inhabilitación para ocupar un cargo público, el asunto se turna a la
Contraloría, la cual tendrá que aplicar la parte que le corresponde. Si hubiere
algún daño al patrimonio de los quintanarroenses, tendrá que ser resarcido.
Cuando se dé entrada al juicio político, Félix tendrá derecho a defenderse.
“Y si la intención de la Legislatura es acatar el resolutivo del IFE esto no
debe de pasar de un mes, porque no es un juicio político tradicional”.
De vuelta a la realidad, el panista dice estar plenamente concientes de que los
priístas tienen el control de la Congreso. Aún así, si ellos se hacen ojo de
hormiga y no quieren aplicar la sanción, llevarán su inconformidad a las
instancia federales, donde no existen mayorías priístas, y se aplica la ley de
manera imparcial.
Y conmina a sus propios compañeros de Legislatura, para que acaten la
resolución y apliquen la ley. De lo contrario estarían incurriendo en un delito
que se llama omisión o desacato porque –asegura– ya hay un resolutivo de una
autoridad que dice que Félix González Canto violentó la ley y el Congreso debe
aplicar la sanción.
“Si yo estuviera en el lugar de Félix no me reiría tan plácidamente. Sólo el
hecho de que te señalen fuera de tu estado, es grave. Es una autoridad
imparcial quien lo encontró culpable, y si yo fuera él no estaría tan contento.
Nosotros iremos hasta las últimas consecuencias y acudiremos a todas las
instancias”, se compromete.
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