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México, D. F., a 30 de junio de 2010
En un fallo histórico que sentará precedente para la defensa de los ciudadanos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal determinó que la Manifestación de Construcción de una gasolinería en Insurgentes Sur 4097 es “un acto viciado al encontrar su origen en un acto ilegal”, por lo que obliga a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y la delegación Tlalpan a ordenar la clausura definitiva y destrucción de la obra.
Luego de nueve meses de lucha los vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II consiguieron ser escuchados e imponer su razón ante los tribunales.
La Cuarta Sala Ordinaria del TCA y la Magistrada Presidente y Ponente en el juicio de nulidad A-5632/2009, licenciada Margarita María Isabel Espino del Castillo Barrón, decidieron que “los tribunales se encuentran obligados a proporcionar y brindar a las y los ciudadanos la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio”, además de que aceptaron la acción de los vecinos porque está en juego su propia salud y bienestar, además de la protección del medio ambiente y la salud.
El Director General de Regulación Ambiental, Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y la empresa Servicio El Tlalpense, intentaron echar abajo el juicio de nulidad al presentar cada uno una causal de improcedencia, donde se precisaba que los vecinos no tenían interés legítimo en el asunto.
“Esta es sin duda un fallo histórico que abre la vía para que los ciudadanos puedan defenderse ante los errores, omisiones o decisiones dolosas de algunos servidores públicos”, coincidieron el portavoz de los habitantes del Conjunto Residencial Tlalpan II, Javier Méndez Guzmán, así como el abogado ambientalista, Rolando Cañas, quien agregó que es la primera ocasión que se admite el interés jurídico de los ciudadanos para defender sus derechos.
La resolución de la Cuarta Sala Ordinaria del TCA fue en el sentido de que el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección General de Regulación Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, ambas entidades del Gobierno del Distrito Federal, así como la Delegación Tlalpan, deberán dejar “sin efectos los actos impugnados y regresar las cosas al estado en que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la estación de servicio de gasolinería de referencia”, es decir, que la construcción debe derruirse.
En voz de su representante Javier Méndez Guzmán, los vecinos expresaron que tras nueve meses de lucha, “ésta no ha sido infructuosa y nos encontramos contentos, satisfechos porque el esfuerzo no ha sido en vano y, también, hay que decirlo, porque ahora estamos ciertos de que aún existen instancias como la judicial para enderezar los entuertos cometidos de manera dolosa o por omisión en el servicio público”.
Los integrantes del TCA encontraron omisiones e ilegalidades en la resolución en Materia de Impacto Ambiental y Riesgo SMA/DGRA/DEIA/002927/2009, emitida por la Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, el 18 de mayo de 2009, por lo que la declararon ilegal.
Asimismo, expresaron que al declararse nula la resolución en Materia de Impacto Ambiental y Riesgo en el inciso A, la Manifestación de Construcción “resulta ser un acto viciado al encontrar su origen en un acto ilegal”.
Los vecinos expresaron que seguramente el empresario buscará acudir a las siguientes instancias, pero “de quien esperamos cumplan con la sentencia y se inhiban de presentarse más adelante a las siguientes instancias, si es que se dan, son los encargados de las dependencias del gobierno obligadas, porque hemos visto a lo largo del juicio que varios de ellos actúan más como abogados y promotores del empresario que como funcionarios públicos”.
Asimismo, los vecinos aseguraron que se reservan su derecho de actuar por las vías pertinentes en contra de varios funcionarios que actuaron en este proceso de carácter ilegal, defraudando a los ciudadanos y al servicio público.
El Director General de Regulación Ambiental, Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y la empresa Servicio El Tlalpense, intentaron echar abajo el juicio de nulidad al presentar cada uno una causal de improcedencia, donde se precisaba que los vecinos no tenían interés legítimo en el asunto.
“Esta es sin duda un fallo histórico que abre la vía para que los ciudadanos puedan defenderse ante los errores, omisiones o decisiones dolosas de algunos servidores públicos”, coincidieron el portavoz de los habitantes del Conjunto Residencial Tlalpan II, Javier Méndez Guzmán, así como el abogado ambientalista, Rolando Cañas, quien agregó que es la primera ocasión que se admite el interés jurídico de los ciudadanos para defender sus derechos.
La resolución de la Cuarta Sala Ordinaria del TCA fue en el sentido de que el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección General de Regulación Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, ambas entidades del Gobierno del Distrito Federal, así como la Delegación Tlalpan, deberán dejar “sin efectos los actos impugnados y regresar las cosas al estado en que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la estación de servicio de gasolinería de referencia”, es decir, que la construcción debe derruirse.
En voz de su representante Javier Méndez Guzmán, los vecinos expresaron que tras nueve meses de lucha, “ésta no ha sido infructuosa y nos encontramos contentos, satisfechos porque el esfuerzo no ha sido en vano y, también, hay que decirlo, porque ahora estamos ciertos de que aún existen instancias como la judicial para enderezar los entuertos cometidos de manera dolosa o por omisión en el servicio público”.
Los integrantes del TCA encontraron omisiones e ilegalidades en la resolución en Materia de Impacto Ambiental y Riesgo SMA/DGRA/DEIA/002927/2009, emitida por la Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, el 18 de mayo de 2009, por lo que la declararon ilegal.
Asimismo, expresaron que al declararse nula la resolución en Materia de Impacto Ambiental y Riesgo en el inciso A, la Manifestación de Construcción “resulta ser un acto viciado al encontrar su origen en un acto ilegal”.
Los vecinos expresaron que seguramente el empresario buscará acudir a las siguientes instancias, pero “de quien esperamos cumplan con la sentencia y se inhiban de presentarse más adelante a las siguientes instancias, si es que se dan, son los encargados de las dependencias del gobierno obligadas, porque hemos visto a lo largo del juicio que varios de ellos actúan más como abogados y promotores del empresario que como funcionarios públicos”.
Asimismo, los vecinos aseguraron que se reservan su derecho de actuar por las vías pertinentes en contra de varios funcionarios que actuaron en este proceso de carácter ilegal, defraudando a los ciudadanos y al servicio público.
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