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EDITORIAL
Por Juan Jacobo Cázares G.
Avanza la Reforma
Educativa. Ya concretados los cambios en
la Legislación, se definen los cambios estructurales de las áreas
gubernamentales que habrán de ejecutar y evaluar los cambios.
En la Secretaría de
Educación Pública se realiza una reestructuración orgánica interna. Se crea la Subsecretaría de Planeación y
Evaluación, dependencia que toma relevancia como la encargada de operar la
mayor parte de los objetivos que se persiguen con las reformas constitucionales
al Artículo Tercero Constitucional y a la Ley General de Educación.
Tanta importancia legal y
estructural se otorga a la nueva Subsecretaría,
que su titular será quien sustituya al Secretario Emilio Chuayffet
durante sus ausencias.
Mientras, entre los
maestros continúan algunos grupos expresándose en contra de la reforma
educativa, cuya aplicación ya han aprobado la mayoría de los congresos
estatales de la República.
En una jornada de protestas
denominada “Por la Defensa de la Educación Pública y de los Maestros”, varios
contingentes de maestros afiliados al
SNTE se manifestaron en todas las entidades de la República, por la defensa de sus logros sindicales, de
la educación pública y de la calidad de la educación.
En SNTE reitera su apoyo a
todos sus agremiados, quienes, hay que decirlo, no están en contra de mejorar
la calidad de la educación y de la profesionalización del gremio, sino en
contra de que se afecten sus derechos laborales y las condiciones que han ido
logrando, gradualmente, en siglos de lucha.
Paralelamente, la
representación sindical de los maestros realiza un censo entre los
aproximadamente 200 mil planteles escolares que existen en el país, para demostrar que se exagera en los números
de profesores basificados y comisionados que se manejan públicamente, en un
afán de demeritar el trabajo que realiza el sindicato y deslegitimarlo ante la
opinión pública. En el censo, el SNTE
también exhibirá las inaceptables condiciones en las que trabajan miles de
maestros en el país, en edificios en malas condiciones con carencia de mobiliario
y equipo para desarrollar un trabajo eficaz.
Desde mediados del pasado
mes de enero del año en curso, la Reforma Educativa alcanzó rango
constitucional, al ser aprobada por más de la mitad más uno de los congresos
estatales del país. Hubo legislaturas
que aprobaron las modificaciones constitucionales que sustentan la reforma por
unanimidad, mientras que otros lo hicieron con votaciones divididas y otros con
fuertes presiones sociales.
Uno de los pocos, ¿o el
único? Congreso estatal que no aprobó la reforma educativa fue Morelos, donde
los legisladores que participaron en el debate consideraron que no es una
reforma educativa, sino evaluativa, y que ésta no se ocupa de las condiciones
de infraestructura de los planteles escolares, ni de atender las condiciones de
los alumnos, sino que se basa en el sistema administrativo, laboral y docente y no atiende lo principal
que es la situación de rezago educativo que existe en el país, ni plantea
estrategias que permitan atender los niveles educativos.
Con buenas intenciones y
realizando adecuaciones a las estructuras gubernamentales, propósitos que no
son compartidos por los maestros que ven en riesgo sus condiciones laborales y
sus logros y con una pluralidad de congresos estatales que dan su visto bueno
al mejoramiento de la calidad de la educación; avanza la reforma educativa.
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