CIU-Consideraciones Acerca de la Propuesta Fiscal para Telecomunicaciones

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La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que recientemente elegimos, ha dado cauce positivo a una iniciativa de la SHCP que nadie más apoya, incluso en contra del interés de su base electoral presente y futura.

En su Ley de Ingresos 2010, la SHCP busca profundizar la tasa de gravamen fiscal sobre la base de causantes cautivos, por la vía del consumo y del ingreso. Así, los efectos previsibles son de afectación al ritmo de crecimiento del sector de telecomunicaciones, el único creciendo en esta la fase más álgida de la recesión, con lo que afecta directamente a la industria y a los usuarios de telecomunicaciones, limitando así el ritmo de crecimiento de accesos fijos, móviles y de banda ancha, con sus consecuentes efectos perniciosos en la productividad, competitividad, generación de empleos y bienestar social, entre otros.

A continuación se presentan diversas consideraciones relativas a esta iniciativa, hoy en manos de la Cámara de Senadores de la República.

Acerca de Los Impuestos Adicionales para Servicios de Telecomunicaciones Aprobados por La LXI Legislatura de La Cámara de Diputados.

En las iniciativas se proponen dos impuestos que tasan directamente al sector de las telecomunicaciones:

1. Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS): impuesto especial a los servicios del único sector con capacidad de crecimiento en esta recesión, el de las telecomunicaciones, con tasa de 3%. Excluye segmentos de bajo peso y dinamismo, la telefonía rural, pública y servicios de interconexión.

2. Impuesto al Valor Agregado: incrementar de 15% a 16% el impuesto generalizado adicional a bienes y servicios en el país. Excluye alimentos y medicinas como actualmente lo hace la misma tasa impositiva.

La inclusión de nuevos impuestos que se suman a la ya larga “escalera fiscal’ de éste, el sector más formal de toda la economía nacional, gravan el consumo de servicios de telecomunicaciones como resultado de un caso de “desesperación fiscal” cortoplacista de las autoridades fiscales, en franca contradicción de objetivos nacionales definidos por el Poder Ejecutivo:

o Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: “incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial”.

o Programa Nacional de Infraestructura: “la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente correlacionadas con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con que competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. México no puede ni debe quedarse atrás”.

o Presidente Felipe Calderón, Tercer Informe de Gobierno: “que sea, precisamente, México un país que pueda acceder para el mayor número de sus habitantes a la telefonía, al Internet, al radio, la televisión, a todos los servicios de telecomunicaciones, que son detonantes de desarrollo. Que lo haga en un ambiente de verdadera competencia, que brinde a empresas y hogares la oportunidad de tener acceso a servicios de calidad y a precios accesibles”

· Resultan en una barrera a la conectividad nacional, limitando así el desarrollo económico del país

· Los servicios de telecomunicaciones han sido percibidos como básicos, e incluso, países como Estados Unidos han decretado una prohibición a gravar algunos de ellos, por ejemplo, el internet.

· Es ineficiente y regresivo gravar servicios convergentes de impacto positivo en el crecimiento y desarrollo económicos, en la generación de empleos, en eficiencias en el gasto, tanto público como privado, además de más y mejor calidad en la educación, así como en recaudación fiscal adicional por mecanismos actuales como el IVA e ISR, por solo mencionar algunos.

· Acarrea costos sociales al restringir por la de vía impuestos el acceso a servicios de convergentes a personas y empresas en la base de la pirámide.

· De acuerdo con la teoría económica, no es deseable ni conducente que el objetivo último de una política fiscal o de un impuesto particular sea la maximización de ingresos por sí misma, menos aun cuando ésta podría traer costos sociales que superen el beneficio de la recaudación.

· Una visión errónea es pensar que las telecomunicaciones son un bien de lujo o que sólo son utilizadas por personas que perciben altos ingresos, cuando en la realidad observamos a menudo personas de niveles socioeconómicos C y D portando un teléfono celular o accediendo a internet en sus trabajos o cibercafés, elevando al mismo tiempo su capacidad productiva.

· En lo que respecta a los servicios ofrecidos en línea, suena irónico tasar el internet como si fuera un bien de lujo para después pedir que se realicen las declaraciones fiscales vía electrónica, es como cobrar una cuota al entrar al banco para pagar impuestos.

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